El Congreso de los Diputados inició ayer la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el que el Ejecutivo pretende reforzar la protección de los espacios naturales y evitar que la presión urbanística provoque especulación en los territorios protegidos.

De esta manera, el texto legal exigirá la existencia de un acuerdo de Consejo de Ministros para desarrollar actuaciones sobre un espacio protegido e impedirá que ningún área incluida dentro de la Red Natura 2000 (que agrupa los espacios más valiosos desde la perspectiva medioambiental de la UE) pueda perder su estatus protegido, salvo que vea degradada su riqueza biológica de forma natural.

Tras el debate de esta norma en la Cámara baja, todos los grupos parlamentarios rechazaron la enmienda a la totalidad del texto presentada por el Partido Popular. Concretamente, hubo 184 votos en contra de esta enmienda, 129 a favor y ninguna abstención.

Tras la votación, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aseguró que este proyecto 'garantizará el derecho de todos los ciudadanos a un medio ambiente adecuado para su salud y calidad de vida'. Concretamente, el proyecto de ley establece la prevalencia de la protección ambiental sobre la ordenación territorial y urbanística, incorpora la figura de áreas marinas protegidas, introduce la catalogación de hábitats y especies en peligro de desaparición y acuerda destinar 48,5 millones de euros para la preservación de la biodiversidad a través del Fondo del Patrimonio Natural.