La iniciativa, que salió adelante con 182 votos favorables, 161 en contra y 5 abstenciones, reclama al Ejecutivo que mantenga "conversaciones con el subsector" y la comunidades autónomos para establecer un sistema de ayudas similar al previsto para el resto de vehículos, si bien el texto socialista sigue sin definir el diseño del nuevo plan.

El Plan 2000E cuenta con la garantía de una ayuda mínima para la compra de coches de 1.500 euros, 500 aportados por el Gobierno central y 1.000 por los fabricantes. Algunas comunidades se sumarán con otros 500 euros, para alcanzar así los 2.000 euros previstos por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mientras que otras sumarán sus propios incentivos. Varias, finalmente, han rechazado estas posibilidades.

Rechazadas las propuestas de PP y CiU para aumentar las ayudas

Los grupos parlamentario del PP, CiU y ERC-IU-ICV coincidían en la necesidad de apoyar la adquisición de los vehículos de dos ruedas con una subvención directa de, al menos, 500 euros, si bien esta posibilidad no se ha concretado finalmente.

Tampoco prosperaron las propuestas de PP y CiU para elevar la aportación de la Administración central hasta los 1.500 euros, lo que hubiera supuesto que el umbral mínimo de ayuda se situase en los 2.500 euros sin necesidad de aportación autonómica.

Zapatero espera que las CC AA recapaciten

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lamentó que algunas Comunidades Autónomas (CCAA) no se hayan sumado a las ayudas para comprar un automóvil, pero dijo que espera que "recapaciten" y cambien de opinión, ya que "si no quieren ayudar a los ciudadanos tendrán que explicarlo".

En rueda de prensa con motivo de la visita a España del presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, Zapatero insistió en que le gustaría que la "lucha" contra la crisis económica no fuera sólo de palabras sino de hechos.

La semana pasada, el presidente del Gobierno anunció en el Congreso una ayuda directa de 2.000 euros para la compra de un automóvil nuevo, en la que la mitad la aportarían las marcas automovilísticas y la otra mitad, a partes iguales entre el Estado y las Comunidades Autónomas.