Con la convalidación de este decreto, la Cámara Baja dará luz verde a la puesta en marcha de un fondo de 35.000 millones de euros al que podrán acceder las comunidades autónomas y los ayuntamientos para pagar, a partir de mayo, las facturas que tengan pendientes con sus proveedores, además de clarificar algunos asuntos técnicos como el papel de los interventores municipales en el proceso.
Los préstamos, que concederán los bancos con la participación del ICO, estarán avalados por el Tesoro Público que, a su vez, contará con la contragarantía de la participación en los Ingresos del Estado de los ayuntamientos. La devolución de las cantidades que reciba cada entidad local deberá hacerse en diez años, con dos ejercicios de carencia, y a un interés cercano al 5 por ciento, si bien este tipo es susceptible de ser modificado aún por Hacienda.
Para poder acceder a estos créditos, los ayuntamientos tienen que presentar una relación con sus facturas pendientes antes del 31 de marzo, y después los proveedores dispondrán de un plazo para reclamar cualquier deuda que no se haya incluido en ese listado. Además, las corporaciones locales deberán recoger en un plan de equilibrio las medidas que piensan adoptar para ajustar sus cuentas y poder devolver el dinero que reciban.
También para las comunidades
Las comunidades también podrán acceder a estos préstamos, aunque los plazos marcados son distintos de los que tienen los ayuntamientos porque el mecanismo se diseñó inicialmente para ellos, aunque después se extendió a los gobiernos regionales en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
El pasado 8 de marzo el Congreso aprobó por una amplia mayoría el decreto ley de pago a proveedores, con los votos en contra de Izquierda Plural y algunos partidos de izquierdas incluidos en el Grupo Mixto.
Sin embargo, no se prevé que haya al fondo sobre el que se debatirá este jueves ya que sus detractores estarán ausentes del Congreso, al coincidir la sesión con la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma laboral.
