El portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, se apuntó ayer un buen tanto en el Congreso al conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la toma en consideración de la proposición de ley que permitirá reducir la morosidad estrechando los plazos de pago en las empresas y en las administraciones públicas.

Entre las empresas se fijará en 60 días, y entre éstas y las administraciones públicas en un máximo de 30 días en 2011. Además, la proposición de ley modifica la cuantía máxima que permite reclamar judicialmente una deuda por el procedimiento monitorio. Pasará de 30.000 a 150.000 euros. La iniciativa articula también un nuevo procedimiento judicial que permitirá a las empresas reclamar de forma ágil a las administraciones públicas el pago de sus obligaciones.

CiU aspira a eliminar la posibilidad de que, mediante pacto expreso, se retrase el pago sin devengar intereses por demora en los pagos. La reforma prevé la imposición de un mínimo de interés de demora en caso de retraso de pago, que equivaldrá al interés legal del dinero más el 50%.

El trámite será similar al de un proyecto de ley y el grueso de las modificaciones se conocerán el próximo otoño.