El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, defendió hoy en el Congreso el decreto, con el argumento de que favorece a familias que, por no poder hacer frente al pago de sus obligaciones hipotecarias, sufren el riesgo de quedar excluidos socialmente.
El texto consta de dos partes, una que define qué características debe cumplir un cliente bancario para ser considerado en riesgo de exclusión, como que la vivienda afectada sea única y habitual, que todos los miembros de su familia estén desempleados y la hipoteca consuma el 60 por ciento al menos de los ingresos que percibe.
La vivienda objeto del embargo no podrá costar más de 200.000 euros en las ciudades de más de un millón de habitantes, ni más de 120.000 euros en las poblaciones de menos de 100.000.
Como anexo al Real Decreto, se incorpora un código de buenas prácticas que la banca puede asumir de manera voluntaria, aunque una vez suscrito su aplicación será obligatorio durante dos años.
Este código establece, por ejemplo, la obligación de refinanciar la hipoteca a las familias y en caso de que no puedan pagar les aplicará una quita o, en caso de impago, se podrá entregar la vivienda en dación en pago.
En este caso, la entidad está obligada a dejar que la familia permanezca un tiempo en la casa con el abono de un alquiler razonable.
Pese al apoyo que dio al texto el PNV, su diputado Pedro María Azpiazu reconoció que el texto "era una mala solución", y dijo que era "muy restrictiva", en especial por la barrera que imponía el precio de la vivienda.
"En Bilbao, en Vitoria-Gasteiz no existen viviendas a estos precios (menos de 200.000 euros) aunque sean modestas. Se está dejando a mucha gente fuera".
Más explícito fue el portavoz del PSOE en la Comisión de Economía del Congreso, Valeriano Gómez, quien aseguró que la ley "no beneficiará prácticamente a nadie".
"En el PSOE estamos convencidos de que no afectará a más del 4 por ciento de las familias que podrían ser consideradas en el umbral de exclusión", porque el resto, pese a sus penurias económicas, no cumple con el requisito de que su hipoteca suponga al menos el 60 por ciento de sus ingresos.
"No vamos a apoyar esta reforma, porque contiene mucho humo, demasiado humo, más humo del que sobra en Madrid", dijo el exministro, quien considera que los precios elevados en la capital hacen que también queden excluidas muchas familias.
El diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán también cree que "decenas de miles de familias que están sufriendo la crisis quedan excluidas del real decreto".
"No sé en qué ciudades hay apartamentos por estos precios -dijo el diputado dirigiéndose al ministro De Guindos- pero si lo saben, que lo publiquen en el BOE, porque es una información confidencial de la que queremos beneficiarnos todos los españoles".
Para Martínez Gorriarán, el real decreto "no es más que una operación cosmética para las entidades que han creado el problema (hipotecario) y para el Gobierno, que va a su rescate".
El representante de CiU, Pere Macias Arau, reconoció que no comparte la totalidad del Decreto Ley, pero agradeció la celeridad con que el Gobierno de Mariano Rajoy ha abordado el problema y dio su apoyo expreso.
El diputado del PP y portavoz de la Comisión de Economía del Congreso, Vicente Martínez Pujalte, tomó la palabra para quitar importancia al hecho de que el Código de Buenas Practicas Bancarias sea voluntario, porque lo ha suscrito la mayoría de las entidades.
