El Tribunal Supremo ha rechazado rehabilitar a un funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de Madrid que fue condenado por vender datos de la vida laboral de personas y empresas a terceros.

Entre 1994 y 1995 el ex funcionario aprovechó que tenía acceso a un sistema informático con información confidencial sobre la vida laboral de personas y empresas, así como sus números de cuentas, y obtuvo 6.800 de estos datos. Luego vendió cerca de la mitad, por valor de 3 y 5 euros cada uno, a una empresa privada dedicada a la elaboración de informes.

Por ello fue condenado a un año de prisión menor, multa de 2.500.000 pesetas e inhabilitación especial durante el tiempo de la condena por un delito de cohecho, así como a un año de suspensión y multa de 200.000 pesetas.

Esta sentencia había sido previamente confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid y hasta el Consejo de Ministros rechazó su rehabilitación.