Los datos oficiales estiman en 2,7 millones el número de empleados públicos en España, mientras que el INE eleva esa cifra a tres millones. La diferencia entre ambos registros es que el INE incluye en sus estimaciones a todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan (indefinido o temporal) o de si pertenecen a una empresa externa que está realizando un servicio específico para un organismo público.
En lo que sí coinciden es en constatar que esas cifras apenas se han reducido frente al profundo ajuste sufrido por el sector privado. Desde el inicio de la crisis, el número de asalariados en España ha caído en 2,3 millones con un comportamiento absolutamente divergente entre el sector privado (con una pérdida de 2,54 millones) y el público (con un avance de 17.000 empleados).
Esa tendencia, pese a los ajustes y a las restricciones presupuestarias aprobadas en el último ejercicio, no se ha corregido. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al segundo trimestre del ejercicio, muestran como la reducción de empleo en el sector público se ha limitado a 176.000 personas en el último año, mientras que en el privado se elevó a 718.000. Esto implica que las empresas han asumido el 80% del ajuste de plantillas habido en España.
Un análisis más profundo de los datos muestra como, de hecho, el empleo público ha crecido en cinco comunidades autónomas (Aragón, La Rioja, Asturias, Cataluña y País Vasco). Las tres últimas se han visto o van a verse envueltas en procesos electorales, por lo que el mayor número de contrataciones en el sector público podría haber obedecido a razones políticas. El INE hará pública hoy la EPA correspondiente al tercer trimestre, en la que, con toda seguridad, el empleo público habrá vuelto a descender en términos globales.
Una tendencia que puede verse acelerada en la última parte del año, si finalmente se aprueba el nuevo reglamento de despido colectivo. UGT prevé que el Ejecutivo podría aprobarlo incluso en el Consejo de Ministros que se celebra hoy o el próximo viernes. Este texto habilitará a las administraciones públicas a presentar ERE, siempre y cuando el número de despidos supere el 10% de la plantilla y siempre que concurra una situación de "insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes".
Una casuística (menos ingresos que gastos) en la que están inmersas la mayoría de administraciones. En el caso de que tuvieran superávit, el reglamento establece otras salvedades que podrían facilitar la salida de empleados, como que el presupuesto caiga un 10% o que las subvenciones públicas se reduzcan en dicho porcentaje. Una situación en la que se encuentra, por ejemplo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), cuyo presupuesto para 2013 recoge una caída de ingresos del 9,92%, lo que le sitúa al borde de cumplir los requisitos para aplicar un ERE a su plantilla.
