Las comunidades no están dispuestas a renunciar a un solo euro de ingresos en un momento en que el Gobierno central amenaza con intervenir a las regiones que se desvíen del objetivo de estabilidad. Así, algunos territorios como Andalucía o Extremadura ya han empezado a presionar para que Hacienda prorrogue la vigencia del impuesto sobre el patrimonio.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recuperó este tributo solo para 2011 y 2012 y elevó el mínimo exento de 108.182 euros a 700.000 euros. Los contribuyentes afectados tienen hasta el 2 de julio para presentar la declaración del ejercicio 2011.
Si bien es cierto que el Ejecutivo tiene margen para decidir, los asesores fiscales piden que, en caso de que se prorrogue, la medida se incluya ya en los Presupuestos para 2013, que se empezarán a elaborar en breve. Con ello se evitaría lo que sucedió en 2011, cuando en el mes de diciembre muchos contribuyentes todavía desconocían si su comunidad aplicaría o no este impuesto que grava los bienes que se posean a 31 de diciembre.
Al final, la mayoría de comunidades optaron por establecer el polémico impuesto, sobre el que los Gobiernos autonómicos tienen una amplia capacidad normativa. De hecho, Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares fijaron una bonificación del 100% sobre la cuota del tributo. A efectos prácticos, ello supone que el impuesto no se paga en esos territorios.
Sin embargo, la Comunidad Valenciana, en su Plan Económico Financiero de Reequilibrio 2012-2014, prevé aplicar este tributo en 2012, lo que le permitirá recaudar 70,7 millones en 2013. Por otro lado, el Gobierno andaluz, formado por PSOE e Izquierda Unida, promete establecer un "gravamen permanente sobre la riqueza". Se trata de un brindis al sol, ya que las comunidades no tienen competencia para ello. Si Hacienda no modifica la legislación actual, a partir de 2013 el impuesto sobre el patrimonio estará bonificado al 100%. Ello significa que no se pagará, aunque no desaparecerá. Y la legislación impide que existan dos impuestos que graven un mismo hecho imponible. Dicho de otra forma, las comunidades no podrán crear un tributo autonómico equivalente.
El anterior Ejecutivo calculó que la recuperación del impuesto sobre el patrimonio permitiría recaudar 1.000 millones anuales, una previsión que quedó en nada después de que Madrid -la comunidad con un mayor número de contribuyentes adinerados- decidiera no aplicar el tributo. El Ejecutivo de Mariano Rajoy rebajó las expectativas y ahora augura que las comunidades ingresarán en torno a 560 millones por el impuesto sobre el patrimonio.
Un ajuste de 26.000 millones en solo dos años
El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas no se pronuncia de momento acerca de una hipotética prórroga en el impuesto sobre el patrimonio. En una entrevista a CincoDías, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, señaló que no se ha tomado ninguna decisión al respecto, aunque aseguró que "el objetivo del Gobierno es colaborar para que las comunidades puedan cumplir con el escenario de equilibrio presupuestario". En este sentido, insistió en que "se tomarán las medidas en materia de ingresos que puedan ayudar". De momento, el Ejecutivo ya ha modificado la legislación estatal para que las comunidades tengan la posibilidad de incrementar notablemente las tasas universitarias. Además, ha establecido el copago farmacéutico, que supondrá un menor gasto autonómico. Entre sanidad y educación, el Gobierno prevé un ahorro superior a los 10.000 millones en los dos próximo años.
Respecto al impuesto sobre el patrimonio, la posición del Gobierno dependerá de la evolución de las cuentas territoriales A día de hoy, pocos analistas confían en que el déficit autonómico baje del 2,9% registrado en 2011 al 1,5% este año y al 0,5% en 2013. Ello supone un ajuste de 26.112 millones en 24 meses, el mayor reto fiscal al que nunca se han enfrentado.
