Las comunidades se comprometen al mayor recorte de su historia

Sobre el papel, la mayoría de comunidades autónomas ha incluido en sus planes de reequilibrio medidas por el lado de los ingresos y de los gastos que permitan rebajar el déficit del 2,9% registrado en 2011 al 1,5% que exige Hacienda este año. Así lo corroboró ayer el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano que reúne a los responsables de Hacienda del Gobierno y de las comunidades. Sin embargo, el Ejecutivo es consciente de que el papel lo aguanta todo y advirtió a las comunidades de que Hacienda supervisará y controlará que los planes de reequilibrio aprobados ayer se cumplan a rajatabla.

Montoro, que aseguró que ahora está "más convencido que antes" de que se cumplirá el objetivo de estabilidad, señaló que el ajuste asciende a 18.349 millones. Las comunidades aprobarán este año reducciones del gasto por un importe de 13.071 millones y subirán los impuestos por otros 5.278 millones. Parte del ahorro se origina por los recortes en sanidad y educación que aprobó recientemente el Gobierno y que implica la puesta en marcha del copago farmacéutico o la subida de tasas, entre otras medidas.

El único plan de reequilibrio que no se aprobó fue el de Asturias por la situación política. Actualmente tiene un Gobierno en funciones y será el nuevo Ejecutivo el que deberá diseñar un nuevo plan de ajuste. Andalucía monopolizó buena parte de la reunión, ya que en un primer momento Hacienda rechazó su plan por sobrestimar ingresos derivados de fondos europeos. Sin embargo, gracias en parte a la mediación de Cataluña, se llegó a un acuerdo cuando Andalucía aceptó un recorte adicional de 300 millones en su presupuesto. El Gobierno central sigue muy de cerca Cataluña y Andalucía ya que, por su tamaño, resultan claves para que el déficit autonómico no sobrepase el límite fijado. De hecho, casi el 50% del ajuste corresponde a estas dos comunidades. Dicho de otra forma, que Asturias cumpla o no es secundario para el resultado global.

Montoro se mostró confiado en que las comunidades se ajustaran. En caso contrario recordó que la Ley de Estabilidad Presupuestaria abre la puerta a que el Ejecutivo imponga sanciones y pueda intervenir a las que se desvíen. El Gobierno quiso lanzar un mensaje de unidad para demostrar a mercados y analistas que también las comunidades serán capaces de transitar por la senda de consolidación fiscal, pese a las reticencias de los organismos internacionales. Bruselas exige que España rebaje sus números rojos del 8,5% al 5,3% este año y al 3% en 2013. Un reto muy ambicioso que, sin las comunidades, resulta simplemente imposible de alcanzar.