A finales de octubre, el organismo presidido por María Teresa Costa anunció que inspeccionaría los parques eólicos que no hubieran entrado en producción desde su inauguración o cuyo rendimiento hubiera sido anormalmente reducido.

Una semana antes, el organismo había abierto otra investigación tras detectar un desfase de 1.000 megavatios (MW) entre la potencia instalada total de la que informó la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la que consta en los registros de REE y del propio regulador energético.

La propia AEE salió al paso de esta última iniciativa de la CNE al explicar que sus datos de potencia instalada no tienen valor legal y coinciden prácticamente por completo con los del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente del Ministerio de Industria.

En cuanto a la energía fotovoltaica, a finales de noviembre el regulador aprobó una inspección en la que se constató que más de la mitad de las 30 plantas revisadas registraba deficiencias de diversa índole.