El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad "dejar constancia" de su disposición a dar cuenta de su actividad "colectiva o individual" ante las Cortes Generales y el Tribunal de Cuentas siempre que los vocales sean requeridos para ello.
"Queremos trasladar a la opinión pública que tenemos absoluta disposición de explicar ante los representantes legítimos de los ciudadanos nuestra actividad individual o colectiva pasada, presente y futura", ha anunciado la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, en una rueda de prensa celebrada en un receso de la reunión plenaria.
Cuatro vocales -Margarita Robles, Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Carles Cruz- han querido ir más allá y han propuesto remitir una carta al presidente de la Comisión de Justicia para transmitirle la disposición del Consejo para comparecer en las Cortes, pero solo han recibido el apoyo de Margarita Uría y se ha rechazado.
En este primer pleno tras la dimisión hace una semana del hasta ahora presidente del CGPJ, Carlos Dívar, se han abordado una serie de medidas para disipar las "sospechas" sobre este órgano a raíz del escándalo por los gastos de su máximo responsable en sus viajes en fin de semana.
"Conscientes de la polémica suscitada y sobre todo de la sombra de sospecha sobre toda la actuación de los vocales", el pleno ha pedido información al secretario general del Consejo sobre los desplazamiento de los vocales y, según Bravo, "se puede afirmar" que no hay viajes en fines de semana de vocales "análogos" a los que le han costado a Dívar la dimisión, "a falta de una revisión más exhaustiva".
Dentro de ese mismo contexto de lavar la imagen del Consejo, el pleno también ha aprobado por unanimidad un "plan de austeridad y transparencia" -redactado conjuntamente por las Comisiones de Estudios y Presupuestaria del CGPJ- por el que se ajusta toda la normativa del CGPJ sobre el control del gasto "al principio de transparencia en la gestión pública".
A partir de ahora, los desplazamientos internacionales requerirán de la aprobación de la comisión permanente del Consejo a la que se deberá facilitar en detalle el objeto del viaje, las fechas y los lugares a visitar.
También se establece que los altos cargos viajen con el servicio personal imprescindible y se tratará de reducir todas actividades que provoquen un desplazamiento personal y puedan ser abordados por otros medios como la videoconferencia.
Respecto a la petición de amparo del juez que instruye el llamado "caso Fabra", Bravo ha asegurado que no le consta que haya entrado en el registro del CGPJ y que cuando llegue se estudiará, aunque ha adelantado que por lo general la revocación de una resolución por parte de una instancia superior es "lo normal".
En cuanto a la búsqueda del sustituto de Dívar, la portavoz ha señalado que en el momento en se publique su cese en el Boletín Oficial del Estado "asumiremos la responsabilidad" de nombrar un nuevo presidente.
Tras la comparecencia de Bravo, el pleno sigue estudiando un informe del vocal Claro José Fernández, aprobado el pasado día 19 por unanimidad por la Comisión de Estudios, sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno plantea en materia de delitos fiscales, así como la derivada de la aprobación de la Ley de Transparencia para castigar a los malos gestores públicos.
En el informe se advierte al Ejecutivo de que la redacción dada a la reforma incluida en la Ley de Transparencia para castigar a los malos gestores públicos no penaliza en realidad el hecho de gastar por encima de lo presupuestado, sino solo el falseamiento de las cuentas.
