Nadie puede ir de listo por la vida". Así resumió el viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el endurecimiento de la lucha contra el fraude laboral y fiscal para poner coto a la economía sumergida, que algunos estudios sitúan por encima del 20% del PIB. Una de las prioridades del Ejecutivo es acabar con la práctica de cobrar el paro y trabajar de manera irregular a la vez. Hasta junio, Empleo descubrió a 4.380 falsos parados. Además, en el primer semestre se efectuaron 112.480 inspecciones que permitieron aflorar 39.887 puestos de trabajo irregulares, un 13% más que en el mismo periodo del año anterior.
El Consejo de Ministros dio luz verde a cuatro proyectos de ley que, además de perseguir el fraude fiscal y laboral, penaliza la mala gestión económica de los políticos. En materia de Seguridad Social, se podrá perseguir penalmente a los defraudadores a partir de 50.000 euros en lugar de los 120.000 euros vigentes hasta ahora. Además, las modificaciones introducidas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social implicarán mayores sanciones en aquellos supuestos fraudulentos que afecten a una pluralidad de trabajadores y supongan una disminución de los ingresos de la Seguridad Social. En los casos más graves, la pena de cárcel máxima se eleva de cinco a seis años. Ello afectará a quienes creen empresas "fantasma" con el propósito de obtener prestaciones públicas.
Si bien el Gobierno ya puso en marcha una nueva ley contra el fraude fiscal, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a una reforma del Código Penal que elevará de cinco a seis años la pena de cárcel máxima para los fraudes que superen los 600.000 euros y para los contribuyentes que hayan evadido impuestos a través de una trama organizada, paraíso fiscal o grupo criminal. También se habilitará a Hacienda para que pueda cobrar la deuda defraudada cuando remita un caso a la Fiscalía. Hasta ahora, pasar de la vía administrativa a la penal impedía a la Agencia Tributaria exigir la deuda pendiente hasta finalizar el proceso.
Junto a estas medidas, el Consejo de Ministros aprobó la Ley de Transparencia con la que el Gobierno confía en frenar las malas prácticas de los gestores públicos. La normativa impedirá que un gobernante apruebe una partida de gasto sin el respaldo presupuestario correspondientes. En el caso de que falsee las cuentas y provoque un perjuicio económico a la Administración, la legislación establece penas de prisión de uno a cuatro años. Esta última medida supone una novedad ya que no aparecía en el anteproyecto. Además, se establece la posibilidad de impedir que los gestores públicos infractores puedan ser elegidos en las urnas.
La Ley de Transparencia permitirá que los ciudadanos conozcan, sin petición previa, el detalle de contratos, subvenciones o convenios firmados por la Administración. También se dará una mayor publicidad a los sueldos de los altos cargos.
Liquidez autonómica
La banca aportará 8.000 millones al Fondo de Liquidez Autonómico, dotado con 18.000 millones. Otros 6.000 millones saldrán de Loterías y el resto, del Tesoro. Así lo aseguró el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia ya han anunciado que pedirán ayuda.
