Bruselas considera que ciertos requerimientos de la normativa fiscal española para las personas físicas o jurídicas no residentes en el país suponen "un tratamiento discriminatorio" y por tanto incumplen la normativa europea.

El Ejecutivo comunitario ha requerido formalmente a España enmendar dichas disposiciones a través de un dictamen motivado, el segundo paso de un procedimiento de infracción, según ha anunciado la CE en un comunicado.

Si en los dos próximos meses las autoridades españolas no ofrecen "una reacción satisfactoria" a su petición, la CE podría llevar a este país ante el Tribunal de Justicia de la UE.

La ley española establece la obligación de designar a un representante fiscal residente en España para aquellos fondos de pensión ubicados en otro país de la UE y que provean esquemas de pensiones en territorio español, así como para los no residentes sujetos a impuestos sobre dotes y sucesiones en España.

También están sujetos a esta obligación las compañías de seguros europeas que operen en España y las entidades no residentes en el país pero que desarrollan sus actividades en España a través de un establecimiento permanente, explicó la CE.

La Comisión considera que estos requerimientos "no son proporcionados y restringen el libre suministro de servicios".