De momento no hay ninguna propuesta formal encima de la mesa, pero el secretario general de CC OO, Ignacio Fernández Toxo, anunció ayer que los sindicatos temen que el Ejecutivo quiera reformar la ley para permitir "un vaciado acelerado" de la conocida como hucha de las pensiones, que cuenta con más de 65.000 millones de euros para pagar pensiones contributivas si la Seguridad Social no recaudara el dinero suficiente, que es lo que está ocurriendo.
En concreto, Toxo indicó que entre los planes del Gobierno estaría empezar a usar ya este año este fondo -algo que aún no se ha anunciado oficialmente, pero sí en instancias privadas-. Es más, cree que el Ministerio de Empleo querrá cambiar la ley para ampliar el porcentaje que limita al 3% anual el gasto en pensiones que se puede pagar con dinero de dicho fondo.
Así lo anunció ayer Toxo durante un desayuno informativo organizado por el Foro de la Nueva Sociedad, en el que participó también el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Si bien desde el Gobierno ni se confirmó ni se desmintió esta intención.
En estos momentos, los dirigentes de la Seguridad Social ya han agotado prácticamente el fondo de prevención de las mutuas de accidentes, que estaba dotado con unos 4.000 millones y que se ha empleado en pagar la extra de verano de las pensiones y las nóminas de los dos últimos meses.
Ahora, con una caída de ingresos de cerca del 3% y un aumento de los gastos del 4%, el Gobierno deberá plantearse empezar a usar el fondo de reserva, destinado exclusivamente al pago de pensiones contributivas. Fuentes del sector explican que el Ejecutivo deberá usarlo con toda seguridad si decide cumplir la ley que le obliga a revalorizar las pensiones con el IPC de noviembre. Según todos los expertos, la inflación de dicho mes estará en el entorno del 3%, con lo que los pensionistas deberían recibir una paga compensatoria de dos puntos (porque ya se les subió la cuantía un 1% en enero), que tendría un coste global de unos 2.000 millones.
Siguiendo con el terreno de las pensiones, el líder de Comisiones Obreras criticó la decisión del Gobierno de rebajar un punto las cotizaciones sociales en 2013 y otro adicional en 2014, "sin haber aclarado antes el itinerario de devolución a la Seguridad Social de los anticipos para el pago del desempleo que no se cubre con cotizaciones" y que supone financiar con cuotas casi la mitad del coste total de estas prestaciones (unos 15.000 millones).
Referéndum
Es más, Toxo citó dos "líneas rojas", entre otras, que podrían llevar a los sindicatos a otra huelga general que "no sé si llegará, pero es posible que llegue", dijo. En primer lugar, emplazó al Ejecutivo a que explique qué va a hacer con las pensiones; si va a acelerar la puesta en marcha de los recortes acordados en la última reforma. Y, en segundo lugar, instó al Gobierno a realizar un referéndum sobre los recortes.
Cándido Méndez confirmó que en estos momentos las relaciones con el Gobierno son "inexistentes" y advirtió que los sindicatos no van a ser ahora "cómplices" del Ejecutivo con políticas que "llevan a España por el precipicio".
El plan antifraude permite aflorar 52.453 empleos
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer que el plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social ha hecho aflorar 52.453 empleos sumergidos hasta agosto, un 14,5% más que en el mismo periodo del año pasado.
Así lo aseguró en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde el presidente de la Comisión parlamentaria de Empleo, el popular Eugenio Azpiroz, le preguntó por los resultados del plan antifraude, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 27 de abril.
Según la ministra, la afloración de situaciones de fraude se ha incrementado en un 29,6% en el caso de las empresas y en más de un 47% en el caso de trabajadores individuales.
Báñez explicó que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social realizó en el primer semestre del año un total de 143.714 inspecciones en el área de empleo. El importe total de expedientes liquidatorios de cantidades no declaradas se elevó entre enero y junio a más de 643 millones de euros, seis millones más que en el mismo periodo de 2011, de acuerdo con los datos facilitados por el Ministerio de Empleo. Báñez cuantificó en 13.444 las inspecciones realizadas en materia de prestaciones por desempleo, que permitieron detectar 4.260 infracciones de empresarios que daban empleo a trabajadores que cobraban el paro (+29,6%) y 6.263 casos de personas que trabajaban y cobraban indebidamente una prestación por desempleo (+47%).
En el caso de empresas ficticias constituidas con ánimo de defraudar, los resultados son "aún más llamativos", según Empleo, que destacó que las 12.882 inspecciones realizadas -más del doble que en 2011- han permitido detectar 992 casos de fraude frente a los 185 en el mismo periodo del año anterior (+536%).
