Hemos advertido a varias comunidades autónomas del riesgo de incumplimiento del objetivo de déficit del año 2012 y ello significa que ponemos en marcha los mecanismos previstos en la Ley de Estabilidad." Estas palabras pronunciadas el pasado jueves por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el Consejo de Política Fiscal estremecieron a más de un consejero de Hacienda porque, en último término, la Ley de Estabilidad contempla una posible intervención.
Cataluña es una de las comunidades que ha recibido el toque de atención y fue su presidente, Artur Mas, quien aseguró que Cataluña ha sido "amenazada con la intervención". Mas lamentó la actitud de "ordeno y mando" del Gobierno central, dio por rotas las relaciones con Moncloa y anunció que Convergència i Unió (CiU) dejará de apoyar al Ejecutivo. La formación nacionalista ha votado a favor de la mayoría de grandes reformas, incluida la laboral. "Ellos tienen mayoría absoluta, pues que se espabilen solos", señaló el presidente catalán en una entrevista a la emisora de radio RAC1.
Tras el revuelo originado por Mas, Hacienda emitió un comunicado para rebajar el tono y desmentir que hubiera amenazado con intervenir a Cataluña u otra comunidad. El departamento de Montoro aseguró que solo "se había puesto en marcha un procedimiento de seguimiento" de las cuentas autonomías, que derivará en una reunión bilateral entre Hacienda y las autonomías que ha identificado con un mayor riesgo de incumplir el déficit, entre las que se encuentran Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia o Aragón. "Se trata de un chequeo", señaló la nota de Hacienda, quien "lamenta que informaciones periodísticas hayan confundido este procedimiento preventivo y ordinario con los procedimientos coercitivos y de ejecución forzosa previstos en la ley". El tono de la nota de prensa de ayer es muy distinto de la contundencia con la que se expresó Montoro en la reunión privada con los consejeros de Hacienda. Es cierto que antes de que se produzca una intervención de Hacienda existen muchos pasos previos. El primero, formular una advertencia a una comunidad autónoma, algo que, de forma oficial, todavía no se ha producido.
Además, antes de la intervención existen medidas intermedias como la obligación de constituir un depósito en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB de la regiones inmersas en un proceso sancionador. Y, en caso de que las comunidades no adopten las medidas exigidas por Hacienda, este depósito se convierte en una multa.
Malestar creciente
El enojo de las comunidades autónomas es general, aunque solo lo expresan aquellas que no están gobernadas por el PP -Cataluña, Andalucía, Canarias, Asturias, País Vasco y Navarra-, con la excepción de Extremadura y Castilla y León. Ambas regiones se abstuvieron del objetivo de déficit impuesto por Hacienda el pasado jueves y que contempla que las comunidades rebajen su déficit hasta el 1,5% del PIB este año, al 0,7% en 2013, al 0,1% en 2014. Y, para 2015, se exige un superávit del 0,2%, algo que nunca ha ocurrido.
La mayor queja autonómica se debe a que la relajación de la senda de reducción del déficit aprobada por Bruselas no se trasladará a las comunidades autónomas y solo beneficiará al Gobierno central, cuyo objetivo de estabilidad pasa este año del 5,3% al 6,3%. Hacienda insiste en que las regiones rebajarán sus números rojos del 3,3% de 2011 al 1,5% este año. Ningún analista confía en esta posibilidad. De hecho, ni tan siquiera las comunidades creen que ello sea posible.
Pese al enfado, las autonomías precisan del apoyo de la Administración central, que acaba de poner en marcha un fondo de auxilio financiero para ayudar a las comunidades a hacer frente a sus vencimientos de deuda. Las autonomías podrán adherirse hasta el 31 de diciembre a este nuevo mecanismo a cambio de aceptar un riguroso control por parte de Hacienda, que podrá enviar "una misión de control" a las regiones para verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en los planes de ajuste.
