El FLA es el último mecanismo ideado por el Gobierno para inyectar liquidez en las comunidades para, en este caso, atender los vencimientos de deuda de los próximos meses. El mecanismo está dotado con 18.000 millones de euros, el importe en que el Ministerio de Economía cifra las necesidades de las autonomías, y es sucesor de otros anteriores como el fondo de pago de proveedores o la línea ICO-Comunidades.
Se trata de un fondo que pondrán los bancos (8.000 millones), Loterías y Apuestas del Estado (6.000 millones) y el Tesoro, pero del que se desconocen aspectos claves como el plazo de vencimiento o el tipo de interés. A falta de detalles sobre la condicionalidad, la asfixia financiera de algunas comunidades les ha llevado a anunciar ya su adhesión. Una de ellas es Cataluña, cuyo presidente, Artur Mas, apremió ayer al Gobierno a poner en marcha cuanto antes el fondo para "ayudar" a las comunidades con problemas de tesorería.
Mas reprochó al Gobierno que anunciara "a bombo y platillo" el FLA, pero que aún no se haya puesto en marcha. Cataluña necesita estos recursos -estima en 2.500 millones sus necesidades- para atender vencimientos de deuda. En julio dejó de pagar unos 410 millones a entidades sociales concertadas para atender compromisos con entidades financieras. Cataluña afronta vencimientos de deuda, entre préstamos y bonos, por valor de 4.796 millones en el último trimestre, el 44% del total de las comunidades. La Generalitat confía en afrontar en mejores condiciones los pagos en agosto porque los compromisos bancarios son menores.
Tentación del control político
Mas advirtió a Mariano Rajoy de que no puede caer en la "tentación" de utilizar este fondo para un "control político" de Cataluña. "Si España no quiere control político de Europa, Cataluña no lo quiere del Gobierno central", advirtió. La Comunidad Valenciana y Murcia son las otras autonomías que se han mostrado a favor del fondo, mientras que Madrid y Castilla-La Mancha lo estudian. No obstante, cabe esperar que gran parte de las autonomías -once están gobernadas por el PP- acabarán acogiéndose al FLA.
Con este mecanismo, el Gobierno facilita liquidez, pero limita aún más la autonomía de las comunidades e intensifica las obligaciones de información a Hacienda. Las autonomías que se acojan tendrán que elaborar un plan de ajuste, en el que se detallen las previsiones de tesorería ante cada vencimiento, y remitir información exhaustiva de sus cuentas cada mes.
El Ejecutivo ha querido incorporar estas nuevas exigencias a las comunidades en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que entró en vigor el 1 de mayo, a través de una reforma de esta norma. El proyecto de ley está en plazo de enmiendas en el Congreso hasta el 17 de agosto. El PSOE se opone de plano al FLA porque no ha servido para generar confianza en los mercados -la prima de riesgo cerró ayer por encima de 540 puntos- y porque conlleva una condicionalidad excesiva que mengua hasta mínimos la autonomía de las comunidades.
La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, llegó a decir ayer que no es un fondo de liquidez para las comunidades, sino un mecanismo de "liquidación" de los servicios públicos, ya que la adhesión al mecanismo implica ajustes de gasto adicionales. El 75% de estas partidas son para sanidad, educación y servicios sociales. La alternativa socialista son los hispabonos, deuda mutualizada de las comunidades con el aval del Estado, como sucede en Alemania. En esta línea irán las enmiendas a la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Los socialistas consideran que con las reformas avanzadas por el Ejecutivo para encajar el fondo de liquidez se anticipan nuevos recortes en sanidad y educación en las comunidades. Es una herramienta, aseguran en el PSOE, para asegurarse el cumplimiento del Plan Presupuestario 2012-2014, con un ajuste de 102.000 millones.
La batalla por el tope de deuda, al Constitucional
Las comunidades tienen un techo de déficit para 2012 del 1,5% y del 0,7% para 2013, ya que el Gobierno no ha querido ampliar este margen después de que España renegociara su senda fiscal con la Comisión Europea. En el último Consejo de Política y Financiera se acordaron los nuevos techos de deuda para las autonomías, del 15,1% del PIB en 2012 y del 16% en 2013.
Se trata de topes individualizados de endeudamiento, muy contestados por Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias. Hay una brecha abierta entre el Gobierno del PP y las comunidades donde no gobierna. Andalucía ha anunciado un recurso ante el Tribunal Constitucional porque considera que el tope de deuda del 13,2% en 2013 es más restrictivo que su plan de reequilibrio financiero y que el Gobierno aprobó el 17 de mayo. Esto reducirá en 2.700 millones la capacidad de endeudamiento de la comunidad.
