Cataluña aparca la decisión de aplicar Patrimonio hasta después del 20-N
La Generalitat de Cataluña modificó ayer su discurso y aseguró que, de momento, aparca la decisión de aplicar el impuesto sobre el patrimonio. El Ejecutivo catalán asegura que pospone cualquier resolución ante una posible victoria del PP en las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. "Aunque esto se apruebe esta semana es bastante probable que lo desmonte el PP dentro de dos días", señaló el portavoz del Ejecutivo catalán, Francesc Homs. Sin embargo, el candidato popular, Mariano Rajoy, se niega a aclarar si eliminará la recuperación del impuesto aprobada el viernes por el Consejo de Ministros en caso de ganar los comicios. Todo ello provoca cierta inseguridad jurídica a los altos patrimonios que, a día de hoy, aún no saben a ciencia cierta si deberán tributar en junio de 2012 por los bienes que tengan a 31 de diciembre de este año.
Las comunidades cuentan con capacidad para boicotear la recuperación del impuesto, sin embargo, de momento, solo Madrid mantiene en su normativa una bonificación del 100%. Con todo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre aún no ha decidido si mantendrá este beneficio fiscal. La Comunidad de Madrid y Cataluña aglutinan más del 50% de los altos patrimonios. Si ambas comunidades optaran por no aplicar el impuesto en sus respectivos territorios no se alcanzarían los 1.080 millones de recaudación previstos por el Gobierno central.
Más del déficit del previsto
El Congreso de los Diputados votará mañana la convalidación del decreto-ley que recupera para los ejercicios 2011 y 2012 el impuesto sobre el patrimonio para las fortunas superiores a 700.000 euros. Convergència i Unió (CiU) confirmó que no respaldará la medida aunque no aclaró si optará por el no o la abstención.
Por otra parte, ayer se conocieron los resultados de la auditoría realizada por Deloitte sobre las finanzas públicas catalanas, que registraron un déficit del 4,2% del PIB frente al 3,86% que había calculado el Ejecutivo catalán. La auditoría alerta de la existencia de gastos aplazados hasta más allá de 2020 por un total de 54.000 millones.
Los gestores piden una ley común
El Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos (GA) se mostró ayer en contra de la recuperación del impuesto sobre el patrimonio. Sin embargo, indicaron que, si finalmente entra en vigor, debería aplicarse en todas las comunidades por igual.En este sentido, reclamaron una armonización legislativa que evite que la factura fiscal de los contribuyentes sea mayor o menor en función de la comunidad en la que se resida. Por otra parte, señalaron que los "verdaderamente ricos" encontrarán fórmulas para no pagar el impuesto sobre el patrimonio.