Las autoridades europeas establecen el objetivo de estabilidad para el conjunto de España y suelen evitar entrar en la forma en que éste se distribuye por los distintos niveles de la Administración.
Todas las comunidades autónomas tienen la obligación de cerrar este año con un déficit del 0,7% y la Generalitat de Cataluña considera que resulta prácticamente imposible si se tiene en cuenta que los números rojos autonómicos de 2012 se moverán en torno al 2%. Ello supondrá incumplir el objetivo de estabilidad daño anterior, fijado en el 1,5%.
Ante esta perspectiva, el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, aseguró que el consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, ha iniciado contactos para trasladar la "necesidad" de que el Gobierno de Mariano Rajoy flexibilice el objetivo de déficit. A pesar del prestigio internacional de Mas-Colell como economista, se trata de una misión con unas posibilidades de éxito mínimas. Bruselas impone la senda de consolidación fiscal que debe seguir el conjunto de la Administración pública pero evita interferir en asuntos internos. El portavoz europeo de Economía, Simon O'Connor, señaló ayer que el único interlocutor para negociar sobre el déficit es el Gobierno español. Para 2012, Bruselas fijó que los números rojos debían situarse como máximo en el 6,3% y bajar el 4,5% en 2013 y al 2,8% en 2014. La forma en que el Gobierno de Rajoy distribuya ese déficit entre los distintos niveles de la Administración no ha centrado nunca el interés de la Comisión Europea.
Cataluña considera injusto que, para este ejercicio, el déficit máximo permitido para la Administración central y la Seguridad Social asciende al 3,8% mientras que las comunidades sólo pueden registrar un desfase del 0,7%. En un artículo publicado el domingo en La Vanguardia, Mas-Colell señaló que ese objetivo autonómico era "intelectualmente débil, políticamente miope y moralmente obtuso". Considera que lo justo sería repartir el umbral del 4,5% de tal forma que el límite para las comunidades se situara en el 1,5% y para la Administración central y la Seguridad Social, en el 3%.
Si bien resulta improbable que la Comisión Europea presione al Gobierno para modificar el reparto del déficit público, a finales de febrero o principios de marzo podría suavizar el objetivo de estabilidad para el conjunto de España. Ya lo hizo el año pasado y cada vez más voces piden que actúe de la misma forma. Hay varios argumentos para defender esa postura. En primer lugar, porque parece cuanto menos complicado que España pueda en plena recesión económica rebajar el déficit al 4,5% tras cerrar 2012 con unos números rojos que, a falta de publicarse los datos oficiales, se moverán entre el 6,3% y el 7%. Y Europa sabe que fijar retos demasiado exigentes solo genera frustración.
Por otra parte, la capacidad para aplicar nuevos ajustes cada es menor y el efecto de recortar más el gasto público o subir otra vez los impuestos podría agudizar y, sobre todo, alargar una recesión que perjudicaría, obviamente, a España, pero también al resto de la Unión Europea.
