Según manifestaron el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno regional, Francisco Hernández Spínola, y el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, entre las iniciativas aprobadas están también la extinción de cuatro direcciones generales, la supresión de 14 plazas de personal eventual y la disminución del 5% del salario de los trabajadores públicos de la comunidad.
El Ejecutivo canario hizo especial hincapié en que estas medidas se producen por el recorte de las inversiones del Gobierno central en las islas, recordando que el Gobierno de Canarias tiene un presupuesto de aproximadamente 6.800 millones de euros, y que la reducción del Estado es de 800 millones, lo que supone un 12% de disminución en las cuentas previstas por la Comunidad.
De esta manera, los consejeros apuntaron que el objetivo de estas iniciativas es reducir el impacto sobre la prestación de los servicios públicos esenciales: sanidad, educación y servicios sociales.
Con todo, el Consejo de Gobierno ha integrado la mayor parte de estas medidas en el anteproyecto de Ley de Medidas Administrativas y de Modificación de Normas Tributarias, para el que solicita informe urgente al Consejo Económico y Social.
Impuesto sobre combustible y nuevos tributos
En el ámbito de los ingresos, el Gobierno de Canarias acordó la creación de nuevos tributos y tasas, la eliminación y reducción de algunas bonificaciones fiscales, y el incremento de los impuestos sobre el combustible y el IGIC.
Con estas medidas, el Ejecutivo prevé recaudar en torno a los 250 millones de euros en los próximos seis meses, una cantidad que Ortiz consideró "insuficiente para afrontar los "graves e injustos recortes del Estado", señalando que se tendrán que realizar más ajustes en el futuro.
Así, el Consejo de Gobierno decidió crear dos nuevos figuras impositivas e instaurará el impuesto sobre depósitos a entidades financieras que abonarán bancos y cajas -estimando una recaudación de 30 millones de euros- y se estableció el impuesto a grandes superficies -esperando recaudar 10 millones-.
Además, el IGIC incrementará con carácter temporal el tipo general desde el 5% actual al 7%, elevará el establecido con el 2% al 3%, mantiene en el tipo cero los artículos de primera necesidad, y sube en 0,5% los tipos vigentes del 9% y el 13%.
También se suprimen algunas bonificaciones fiscales entre las que destaca la establecida para la telefonía fija y móvil que pasará de estar exenta a tributar al tipo general y se incrementa el impuesto sobre el combustible, un tributo que a diferencia del Estado, no se actualiza en Canarias desde 2004, dejando inalterable el aplicado al gasóleo profesional.
Asimismo, sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Gobierno acordó el aumento de la zona alta del tramo autonómico de forma que para las rentas superiores a 53.000 euros/año, el tipo pasa del 21,5% al 22,58%.
Mientras, se eliminará la actual bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, además de algunas de las deducciones en el IRPF en función de la renta de cada ciudadano. Es el caso de los gastos por estudio, por traslado de residencia, por nacimiento o adopción, a mayores de 65 años y dependientes, por familia numerosa o por gastos de guardería.
Recortes de personal
El anteproyecto de ley aborda del mismo modo cambios en la estructura de la comunidad autónoma con la supresión de dos agencias -con rango de dirección general- y la concentración de los tres organismos públicos dedicados a la formación de empleados públicos en uno -Instituto Canario de Administración Pública, Agencia Canaria de Seguridad y Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias-.
Spínola explicó en este punto que esta acción supone la eliminación de 4 centros directivos, con rango de dirección general de la estructura de la Comunidad Autónoma y que también se extinguen nueve órganos de consulta y gestión, creados por diferentes normas de rango legal, todo ello en aras de aplicar mecanismos más eficientes en la gestión pública.
Por otro lado, y de forma genérica, el Gobierno canario aplicará a los casi 62.000 empleados públicos un recorte en sus retribuciones anuales del 5%. Con esta reducción salarial, la Comunidad Autónoma ahorra 130 millones de euros.
En este punto, el Gobierno explicó que, en el anteproyecto de ley, se hace eco de lo expresado por cabildos y ayuntamientos para la traslación de este mismo recorte a los empleados públicos de todas las administraciones locales.
De igual modo, prevé la aplicación de esta reducción a los docentes de las universidades canarias y a los profesores de la enseñanza concertada. Estas reducciones no se aplicarán al personal que cobre menos de 13.469,4 euros al año, cantidad que equivale al 1,5 veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Otras materias como las condiciones para la prolongación de la vida laboral por los empleados públicos (laborales y funcionarios); la cuantía del complemento específico singular de la policía autonómica y el personal informático o la extinción del 13% de las plazas de personal eventual (14 puestos), también son objeto de regulación en este texto.
Finalmente, los consejeros apuntaron que otra de las medidas que afecta directamente a empresas públicas está vinculada a Radiotelevisión Canaria, para la que se prevé una reducción del 20% en el gasto de los contratos externos y el cierre del segundo canal de la Televisión Pública.
