Bruselas urge a España a presentar los presupuestos de 2012

El durísimo ajuste de fin de año no contenta a Bruselas. Después de anunciar el mayor recorte de gasto de la democracia y una de las mayores subidas de impuestos, el Gobierno de Mariano Rajoy vive amenazado por la Comisión Europea.

En rueda de prensa desde Bruselas, el vicepresidente de la Comisión Europea (CE) y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, ha reclamado hoy al Ejecutivo que presente de una vez los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2012, e incluya en los mismos nuevas medidas de contención fiscal.

Bruselas entiende que el Gobierno español puede estar demorando nuevas medidas impopulares para que no se conozcan en vísperas de las elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo.

Rehn ha señalado que el caso de España requiere de "más estudios de las reformas estructurales en curso". Bruselas debe "analizar" las causas del "gran desempleo" y "la situación difícil" tras la "burbuja inmobiliaria" y el boom crediticio.

El vicepresidente de la CE ha recalcado, no obstante, que España ha aprobado "reformas estructurales fundamentales" para mejorar el mercado laboral y los datos de empleo. "A finales del año pasado, el nuevo Gobierno español identificó un desvío significativo en el déficit público", ha explicado Rehn. "Y adoptó acciones rápidas para limitar esta desviación mediante varias medidas fiscales (...). Esperamos que las autoridades españolas sustancien las medidas anunciadas recientemente para restaurar la sostenibilidad fiscal".

Pero esas buenas palabras no ocultan las presiones del Ejecutivo comunitario. Un alto cargo del mismo ha filtrado a Reuters que la Comisión estudia sancionar a España por su déficit excesivo. Si bien es cierto que solo cuatro de los 27 miembros de la UE superan el límite del 3% del PIB, Bruselas considera que España no está avanzando en la reducción de su desequilibrio presupuestario. Esa fuente considera "muy probable" que Rehn solicite a los ministros de Finanzas de los 27 que abran un procedimiento a España, que podría recibir una multa del 0,1% de su PIB (alrededor de 1.000 millones de euros).