Los planes finales del Ejecutivo comunitario se hacen públicos en vísperas de la celebración en Pittsburgh (Estados Unidos) de la tercera cumbre del G-20 desde el estallido de la crisis hace dos años. La Unión Europea pretende así ejercer un papel de liderazgo en las reformas de la arquitectura financiera internacional.

Las tres nuevas autoridades europeas se encargarán de elaborar normas comunes para las entidades financieras y supervisarán a las agencias de calificación de riesgos. Además, dispondrán de "facultades decisorias vinculantes" en caso de "desacuerdo entre los supervisores del Estado de establecimiento y el de acogida" de una entidad transfronteriza, según el acuerdo preliminar que alcanzaron los jefes de Estado y de Gobierno en la cumbre celebrada en Bruselas el pasado mes de junio.

Reino Unido era el Estado miembro más reacio a ceder poderes a estas autoridades nacionales, sobre todo cuando se trata de decisiones de rescate de bancos que obligan a los Gobiernos a inyectar dinero a las entidades. Para convencer a Londres de que acepte la reforma, el Ejecutivo comunitario dejará claro que "las decisiones adoptadas por las autoridades europeas de supervisión no deberán incidir en modo alguno en las competencias presupuestarias de los Estados miembros".

Con la reforma se creará también un Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos, cuya función será observar y evaluar las posibles amenazas para la estabilidad financiera, emitir alertas de riesgo y recomendaciones de actuación y vigilar su aplicación. El nuevo órgano estará formado por los gobernadores de los bancos centrales de los Veintisiete, así como por representantes de la Comisión y de las nuevas autoridades.

En un principio, el Ejecutivo comunitario había previsto que fuera el presidente del Banco Central Europeo el que presidiera el Consejo Europeo de Riesgos Sistémicos. Pero también en este caso se han tenido en cuenta las preocupaciones de Reino Unido, que no forma parte de la eurozona, y finalmente serán los miembros de este órgano los que elijan a su presidente, según pactaron los líderes europeos.

Las propuestas de la Comisión tienen que ser ratificadas ahora por los Estados miembros y por la Eurocámara. Pero los jefes de Estado y de Gobierno ya han dejado claro que "han de adoptarse sin demora, a fin de que el nuevo marco quede plenamente establecido en 2010".