La Comisión Europea se quitó ayer la máscara de la austeridad y se puso la del crecimiento. Y con el mismo aplomo que hasta la semana pasada defendía que no había margen para alegrías presupuestarias, ayer se mostró dispuesta a revisar los calendarios de ajustes para adaptarlos a la realidad macroeconómica de cada país.
El cambio se produjo solo 24 horas después de que el socialista François Hollande ganase las elecciones para convertirse en el séptimo presidente de la V República francesa. Y, por supuesto, la Comisión negó que se debiese a una estrategia para congraciarse con el nuevo inquilino del Elíseo. "Llevamos dos años repitiendo que la política de austeridad debía completarse con medidas para favorecer un crecimiento sostenible", se defendieron ayer los portavoces de José Manuel Durão Barroso, presidente de la CE.
La canciller Angela Merkel, en cambio, advirtió ayer a París que el Tratado del Euro (que impone un freno a la deuda) no se puede renegociar.
Como quiera que sea, lo cierto es que Bruselas ofrece ahora de oficio una flexibilidad del Pacto de Estabilidad que hace solo unos meses imploraba sin éxito el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. El presidente del Ejecutivo español se vio obligado el pasado 1 de marzo a anunciar de manera unilateral una revisión del déficit para este año (del 4,4% al 5,8%) ante la negativa de la UE a contemplar esa modificación.
Ahora, cuando solo faltan cinco días para que Bruselas publique sus nuevas previsiones de crecimiento (el viernes 11), la CE ya anticipa que la recesión de la economía española hará inalcanzable el objetivo del 3% marcado para 2013.
"España se ha comprometido con sus socios europeos a unos objetivos en materia de saneamiento presupuestario y debe respetarlos", señaló ayer el portavoz de Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos. "Dicho esto", añadió la misma fuente, "realizaremos un análisis económico que tendrá en cuenta el entorno macroeconómico en el que se mueve el país".
La oferta de flexibilidad, sin embargo, parece llegar en un mal momento. Por un lado, España acaba de presentar en Bruselas un Programa de Estabilidad que para cumplir con el objetivo de déficit plantea un ajuste sin apenas precedentes en países desarrollados y, mucho menos, en periodos de recesión.
El Gobierno teme que si se desmarca ahora de ese plan, el mercado tense la prima de riesgo y el servicio de la deuda se encarezca hasta límites insostenibles.
España, además, se encuentra en primera línea de contagio si se reabre la crisis griega, una amenaza real a juzgar por el resultado de las elecciones del domingo. Los partidos hasta ahora mayoritarios (Nueva Democracia y Pasok) y favorables al rescate de la UE y el FMI no suman más que 149 diputados en un Parlamento de 300 escaños, dominados por grupos de extrema derecha e izquierda partidarios de renegociar el rescate o salirse directamente del euro.
El líder de los conservadores de Nueva Democracia, Antonis Samaras, renunció ayer mismo a la posibilidad de formar un Gobierno de salvación nacional como líder del partido más votado. Ahora deberá intentarlo la segunda formación (Syriza, de izquierda radical). Pero no se descarta otro fracaso ni la repetición de las elecciones.
La probabilidad de que Grecia acabe abandonando la zona euro se eleva ya hasta el 75%, según señaló ayer el banco de inversión Citigroup. La sacudida podría disparar la prima de riesgo de los países meridionales, por lo que el margen de maniobra presupuestaria, con o sin relajación del objetivo de déficit parece bastante limitado.
Queda la opción del pacto por la inversión que Bruselas está pergeñando. Pero aparte del nombre (otro guiño al nuevo presidente francés), Bruselas no prevé por ahora dotarlo de nuevos recursos, sino intentar utilizar de manera más eficiente los ya disponibles.
Entre esos instrumentos figura la propuesta de agotar los fondos estructurales no utilizados en lugar de devolverlos a los países contribuyentes, una idea que, si Berlín la acepta, podría liberar algunos cientos de millones de euros este año y el próximo.
La CE también quiere impulsar los "bonos por proyectos" para emitir deuda avalada por el presupuesto comunitario. La fase piloto está prevista para 2013, pero los bonos (también pendientes de aprobación) solo se pondrían en marcha para el periodo 2014-2020.
La última propuesta pretende ampliar el capital del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en 10.000 millones de euros. Es para que no disminuya su capacidad de financiación, no para aumentarla significativamente.
Las reacciones
Austria cree ahora factible gravar las transacciones
El canciller federal de Austria, el socialdemócrata Werner Faymann, pidió ayer públicamente el apoyo de Hollande para aprobar en la Unión Europea una tasa que grave las transacciones financieras, que hasta ahora ha bloqueado Reino Unido. El mandatario austriaco cree que la victoria del socialista francés supone "una gran oportunidad" para que la UE "no adopte solo medidas de austeridad".
La OIT pide a Hollande que rechace la austeridad
La austeridad es una "trampa" de la que Hollande debe escapar. Esa es la primera recomendación que ayer le dio la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al presidente francés. El número de desempleados supera en Francia los 2,6 millones (la tasa es del 10%). "Estamos mejor que algunos países vecinos, pero requerimos un giro de política para crecer", defendió Raymond Torres, uno de los dirigentes de la OIT.
Japón ofrece al socialista su colaboración en la crisis
El primer ministro japonés felicitó ayer al presidente electo de Francia y le ofreció su cooperación para superar la crisis europea. En una conversación telefónica con Hollande, Yoshihiko Noda invitó al presidente a visitar Japón y definió al país galo como "socio estratégico", según fuentes del Gobierno nipón, que informaron también de que ambos dirigentes acordaron cooperar en el conflicto nuclear con Corea del Norte e Irán.
S&P descarta cambios en la nota de la deuda
Standard & Poor's (S&P) descartó ayer que la victoria de Hollande tenga "impacto inmediato" en la calificación de Francia, AA+, un escalón menos de la máxima, la triple A que perdió en enero. La agencia de calificación defiende en un comunicado que sus notas no dependen de la ideología de los dirigentes, sino de la "calidad crediticia" del Estado que, no obstante, admite, tiene una relación directa con la política.
