Estas disposiciones son incompatibles con el derecho de libre establecimiento y, dado que España y Portugal no han modificado sus reglas en materia de imposición de salida tras haber recibido el correspondiente dictamen motivado, la Comisión acude ahora a los tribunales.

De acuerdo con la normativa española, si una sociedad instalada en España traslada su residencia a otro Estado miembro, cesa sus actividades en territorio nacional o transfiere sus activos a otro país europeo, las plusvalías no realizadas deben integrarse en la base imponible de ese ejercicio. Sin embargo, este tipo de plusvalías no se incluyen en la base imponible cuando se trata de operaciones de ámbito estrictamente nacional.

La Comisión considera que esa imposición penaliza a las sociedades que desean abandonar España o transferir sus activos al exterior, pues supone aplicarles un trato menos favorable que a las sociedades que permanecen en el país o que transfieren sus activos dentro del territorio nacional. Estas disposiciones pueden, por tanto, disuadir a las sociedades de ejercer su derecho al libre establecimiento.