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Fomento lo presentará antes de mayo
Federico Castaño - Madrid - 10/02/2010
José Blanco adelantó esta mañana en el pleno de la Cámara Baja que este plan incluirá "una revisión exhaustiva de todos los programas y de las políticas de gasto" del Ministerio con el fin de encajar el recorte de 1.700 millones de euros al que obliga el programa de consolidación fiscal aprobado recientemente por el Consejo de Ministros.
El equipo de Fomento actualizará "caso a caso" sus programas, establecerá costes máximos para cada tipo de actuación, pedirá un esfuerzo a las empresas privadas para que ajusten también sus presupuestos, todo ello con el objetivo de "hacer más con menos", ha dicho Blanco.
El ministro ha pedido también a las empresas privadas "ofertas que se ajusten mejor al precio final de las obras" para recurrir menos a los modificados en los precios. En este sentido, Blanco informó que la baja media en estos modificados se ha reducido en un 13%, porcentaje que ha considerado "razonable".
El plan de eficiencia tendrá también una proyección interna: Fomento abordará una rebaja de la masa salarial, reducción de altos cargos y supresión de algunos departamentos "para evitar duplicidades".
El plan público-privado que ultima Fomento para involucrar a las empresas en la construcción de las grandes infraestructuras en un momento de apuro presupuestario "tendrá incidencia inmediata en la actividad económica", argumentó el ministro, "ya que influirá en la licitación de este año y el que viene". El Ministerio estudia con el Banco Europeo de Inversiones y el Instituto de Crédito Oficial las condiciones de esta colaboración público-privada en las grandes infraestructuras. Cada una de ellas llevará acompañado un estudio de viabilidad económica.
Todo ello implicará la actualización del Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) y una revisión de "cada euro que nos gastemos", ha dicho Blanco. "El ajuste fiscal es para tres años y se va a notar, no voy a actuar bajo criterios partidistas, habrá ajuste y no va a contentar a todos, las comunidades autónomas podrán sentirse agraviadas por estos recortes, pero no es tiempo para los agravios, todos tenemos que arrimar el hombro y diremos al país aquello que no es necesario ni imprescindible en el PEIT", ha advertido el ministro.
El portavoz de CiU para Infraestructuras, Pere Macias, le ha pedido a Blanco que vincule los proyectos de inversión del Ministerio a la productividad.
1 currante - 10-02-2010 -20:10:23h
Para Pepiña y Antonio Possi: Cuando lo hace el estado es una ilegalidad, pero cuando lo hacen los empresarios no. Pues bien, para mi, todo es ilegal pero con una diferencia, que es que se denuncian y la justicia les da la razon a los incumplidores.Yo particularmente, si hago una hora extra me la pagan a 12? como máximo, mientras que ha estos señores todos sabemos a cuanto la cobran. En mi trabajo tengo que saber de toda la maquinaria que hay en la empresa, de electricidad y de macanica y de muchas otras cosas, y no estoy ni la mitad de bien pagado que estos señores. Pues bien, me parece genial que les reduzcan semejantes privilegios que todos los españolitos pagamos, y si no les gusta, "la puerta es muy grande", asi cito a un empresario que me lo dijo.
2 Pepiña - 10-02-2010 -16:48:30h
el PSOE cuando está acorralado busca un golpe de efecto con un buen fin pero violando la ley y cometiendo delitos. Ya lo hicieron al final de Felipe González, GAL , Vera, Corcuera, Barrionuevo... Ahora el Roldán de turno que también dice haber estudiado derecho ha delinquido se salta a la torera la Constitución Española , para un buen fin : acabar con los privilegios de los controladores. Y la gente le aplaude, los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.
3 Antonio Possi - 10-02-2010 -16:38:48h
El Sr. José Blanco acaba de cometer una ilegalidad contra los controladores, que por supuesto todos consentimos por que previamente hemos aireado sus sueldos y si son ricos que los maten. El problema es que España es un Estado de Derecho y mucha gente ha muerto por defender los derechos de los trabajadores. Un decreto ley que anula un convenio colectivo es INCONSTITUCIONAL de pleno derecho, léase art 86 CE. Si los trabajadores de este país lo consentimos no habrá nada que pare a individuos sin escrúpulos por el poder.
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