La puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), que licitará en año y medio obras por valor de 17.000 millones de euros, no sólo va a suponer una inyección a la maltrecha actividad del sector de la construcción; sino que también significará un cambio en los criterios que utiliza el Gobierno a la hora de decidir qué obra debe ponerse en marcha.

Durante el V Encuentro de Infraestructuras, organizado por Deloitte y el diario Abc, el ministro de Fomento, José Blanco, explicó que España ya no necesita construir tanta obra nueva como en el pasado y sí hacer más eficiente la red actual. "Se trata de aprovechar lo que ya tenemos y modernizarlo. No es que no se vayan a desarrollar más vías de alta capacidad, pero sí evitaremos construir autovías allí donde existan peajes que no estén colapsados", comentó.

Este anuncio, que según los representantes de las constructoras y concesionarias allí presentes tiene toda la lógica económica, contradice la tesis defendida por su antecesora en el cargo, Magdalena Álvarez. Durante su mandato, la licitación de nuevas autopistas de peaje se mantuvo prácticamente congelada porque "el objetivo del Ministerio es que allí donde exista una vía de pago, siempre haya una alternativa gratuita de la misma capacidad", solía decir la entonces ministra.

Gestión de AENA

"En términos económicos, las tesis de Magdalena Álvarez no tenían ningún sentido, celebramos que en este tema haya vuelto la cordura al Ministerio", aseguró un alto ejecutivo de una constructora tras la intervención del ministro. En otro guiño al sector privado, Blanco también confirmó su predisposición a que las empresas entren en el capital del ente público AENA e incluso participen en su gestión.

El ministro explicó que con este nuevo modelo se busca elevar la eficiencia de la empresa pública de aeropuertos y navegación aérea. Así, AENA separará en dos sociedades filiales diferentes la navegación aérea y la gestión de los aeropuertos. Será esta última, titular de la red de 43 aeropuertos públicos, la que se privatizará parcialmente, "permitiendo que el sector empresarial tome hasta un 30% de su capital y participe en su gestión", indicó el ministro.

Este anuncio está en consonancia con las reivindicaciones efectuadas al inicio de la jornada por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Esta patronal propuso a las distintas Administraciones privatizar empresas y servicios públicos, así como articular peajes en el transporte por carretera para obtener recursos adicionales que permitan mantener la inversión pública en infraestructuras.

Según explicó el presidente de la CNC, Juan Lazcano, la crisis "se ha llevado por delante" un millón de puestos de trabajo en el sector, que actualmente emplea a 1,66 millones de trabajadores, un 38% menos respecto a 2007. Ello es consecuencia del descenso de actividad constructora (del 18% en 2009), que ha llevado al sector a reducir su aportación al PIB hasta el 14%, desde la tasa del 18% de 2007.

La CNC llamó de este modo la atención sobre la importancia que tiene en una coyuntura como la actual impulsar la inversión en obra pública, ya que es una de las políticas de choque contra la crisis "más eficaz, dada su contribución directa al PIB". Y culminó con un dato preocupante: "la licitación de obra por parte del conjunto de la Administración acumula un descenso de1 41% en lo que va de año".