El resultado de las elecciones celebradas ayer en Cataluña es elocuente, y más por la participación récord. El órdago soberanista de Artur Mas se ha sustanciado en un sonoro batacazo -"La voluntad de un pueblo", que pedía-, después de que CiU se haya quedado en 50 escaños, 12 menos, y muy lejos de la ansiada mayoría absoluta que dan los 68 asientos en el Parlament. Esta victoria pírrica dota, sin embargo, de más fuerza al nacionalismo, con el extraordinario ascenso de ERC, segunda fuerza política, y el desembarco de CUP. Todo indica que la deriva independentista inyectada por Mas a la política catalana ha beneficiado a las pequeñas y medianas formaciones (más a Ciutadans que a ICV-EU), pero sobre todo a su principal adversario nacionalista y, como consecuencia añadida, puede obligar a CiU a echarse en sus brazos, si no con un bipartito, sí con acuerdos en la legislatura.
Es la salida que se ha buscado Artur Mas, tan alejada del seny como profunda es la crisis. En cualquier caso, el juego de los pactos que ahora se inicia excluirá, salvo sorpresas, a un PP que ha conseguido incluso una ligera mejoría. Otra cosa sería un acercamiento al PSC-PSOE que, desde hoy, pero no solo por el correctivo recibido, debe hacer un replanteamiento absoluto de prioridades, porque ha entrado en un rumbo errático cuando más se necesita de su claridad de ideas. Solo como una alternativa de Gobierno consolidada se puede ejercer la función de contrapeso imprescindible frente a una mayoría absoluta a nivel nacional de un PP que se muestra, y más cada día, dispuesto a ejercerla en toda su extensión.
La deriva soberanista atizada por Mas -tan perjudicial para CiU como beneficiosa para ERC- ha marcado la agenda para desplazar los verdaderos problemas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Los recortes en los servicios y la políticas de austeridad, las dificultades económicas de los ciudadanos y los planes para mejorar su futuro han quedado en segundo plano, escondidos entre las bambalinas del supuesto "expolio fiscal" y en un proceso de notable pérdida de responsabilidad política, precisamente cuando la crisis económica y la casi quiebra de las cuentas de la Generalitat lo que menos necesitan es abundar en populismos victimistas.
Claro está que el modelo de financiación autonómica requiere mejoras notables y adecuación a los tiempos, incluso el mismo diseño de las competencias pide a gritos una actualización, incluso más allá de la perentoriedad por la crisis, pero la responsabilidad de estas debe recaer tanto en el Gobierno central como en los autonómicos. Buena parte de los catalanes ha declarado ayer en las urnas que el seny es más que la estelada. Porque argumentos como los 16.409 millones de supuesto déficit fiscal que repite como un mantra Mas son un arma arrojadiza... pero de doble dirección. Decir que por cada euro que se recauda en Cataluña, 43 céntimos no se gastan allí, es una afirmación plena de simplismo, pero también un arma cargada de inestabilidad que genera indignación y frustración en buena parte de unos ciudadanos que llevan años pagando peajes para moverse por Cataluña, tributan a tipos impositivos superiores que en el resto de España -por decisión de la Generalitat- y sufren duros recortes de prestaciones. Porque la solidaridad no se puede calcular de forma territorializada: no es el territorio el que aporta más a las arcas comunes sino los ciudadanos que en él viven. Y no es lo mismo. Dicho de otra forma, se contribuye en función de la renta, no de la residencia.
El maremágnum al que han llevado ciertos políticos a Cataluña ya ha tenido como resultado una fuerte inquietud entre los empresarios y los inversores, que está muy próxima a la peligrosa desconfianza, la mayor enemiga del dinero. Hay margen para desandar el camino, para no ahondar más tan ineficaces como interesadas brechas con Madrid, para recuperar el buen sentido y la voluntad de trabajar juntos contra esta grave crisis. Porque si no prima la sensatez, "las cosas van a ser muy complicadas". Lo dijo en Bruselas Mariano Rajoy y es suscribible por cualquiera. Aquí no hay víctimas y verdugos, lo que hay es mucho trabajo por hacer, y el nuevo Gobierno catalán, como el central y el resto de Ejecutivos autonómicos, está en la obligación de no esperar más para ponerse ya manos a la obra. Aunque ahora sea incluso más difícil.
