Éxito total. Con estas palabras calificó ayer el presidente del Instituto de Crédito Oficial, Aurelio Martínez, la línea de avales abierta por el organismo para apoyar la financiación de vivienda de protección oficial mediante la titulización de préstamos concedidos a particulares que hayan adquirido VPO.

Ante la fuerte demanda previsible, el Ejecutivo ya decidió ampliar de 3.000 a 5.000 millones de euros esta línea del ICO, una ampliación aprobada el pasado 18 de abril en el paquete de medidas para atajar la desaceleración económica.

Pero lo que no contaba el Ministerio es que las previsiones se iban a desbordar ampliamente. Y es que la posibilidad de obtener financiación con garantía pública por parte de las entidades financieras en un entorno generalizado de restricción de crédito ha llevado a que éstas acudan masivamente a la oferta del ICO. Así, en sólo un mes (desde el 2 de abril) se han recibido peticiones por 25.112 millones de euros. Ello supone cinco veces más que los 5.000 millones que el ICO está autorizado a avalar, por lo que se deberá ir necesariamente a un prorrateo de las peticiones.

Para éste se tendrá en cuenta el 'historial' de cada entidad financiera, según indicó ayer Martínez, primando a las que en años anteriores hayan dedicado un esfuerzo especial en financiación de vivienda protegida. Este esfuerzo se medirá tanto en términos absolutos (volumen total dedicado a financiar VPO) como relativos (en proporción a su balance de activos).

A partir de hoy, día 6, el ICO comunicará a bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito interesadas el reparto provisional de la línea. Las entidades financieras deberán comunicar antes del 21 de mayo si aceptan continuar en el proceso. El ICO comunicará antes del 29 de mayo el reparto definitivo.

Prueba de la elevada demanda de esta línea supone el hecho de que éstos 25.112 millones solicitados por la banca equivalen al 84,5% del conjunto de hipotecas sobre VPO con que cuenta el conjunto del sistema financiero y que el Banco de España lo sitúa en 29.721 millones de euros. Con estos fondos de titulización avalados por el Estado las entidades consiguen mayor liquidez para todas sus operaciones.

Eso sí, para obtener el aval público los bonos que saquen al mercado deberán tener máxima categoría (triple A). Además, las entidades se comprometen ante el ICO a financiar más VPO con los ingresos que obtengan. Es decir, deberán reinvertir el importe avalado en la financiación de nueva vivienda protegida mediante la concesión de créditos tanto a particulares como a promotores y constructores. Por eso, aunque esta línea no supone una ayuda directa a las promotoras -el ICO sólo negocia con la banca-, sí aporta una mayor liquidez al sistema que permitirá a las entidades financieras dar un mejor trato a las promotoras. La ayuda directa a promotoras ha sido fuertemente criticada por asociaciones de consumidores y sindicatos por entender que no se debe 'subvencionar' a un sector que acumuló grandes beneficios en los últimos años.

Estos fondos de titulización de activos basados en VPO deberán estar constituidos en junio de 2009.