El Ejecutivo busca aliados en otras administraciones para lograr que el parque de viviendas de protección oficial (VPO) crezca al ritmo previsto en el último plan cuatrienal. Es decir, que se inicien unas 100.000 casas protegidas cada año.

Con ese objetivo ultima un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se firmará el 18 de diciembre, en el que los ayuntamientos se comprometerán a poner terrenos a disposición de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), dependiente del Ministerio de Vivienda, para la construcción de VPO.

Así lo aseguró ayer el nuevo presidente de la FEMP y alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, a la salida de la primera reunión de la Comisión Ejecutiva de este organismo, en la que estuvo presente Elena Salgado, ministra de Administraciones Públicas. 'El convenio pretende hacer un análisis de las necesidades de VPO por comunidades autónomas para facilitar el acceso a una vivienda a las rentas más bajas y a los jóvenes', señaló Castro. Preguntado por quién promoverá estas viviendas, Castro precisó que se va a dar entrada a la iniciativa privada. 'Pero, allí dónde no quieran los promotores privados, lo harán los ayuntamientos', dijo. El presidente de la FEMP avanzó que se intentará alcanzar acuerdos de colaboración con los ayuntamientos, pero no descartó recurrir a expropiaciones de suelo si no se logran los consensos necesarios. En la reunión, Salgado instó a los servicios sociales y jurídicos municipales a que tramiten los casos de acoso inmobiliario. Castro mostró su disposición, siempre que 'reciban una compensación económica'.