El auxilio financiero resulta inevitable para las regiones

Fuentes de la Comunidad Valenciana aseguran que no esperaban que la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica puesto en marcha por el Ejecutivo central provocaría tanto revuelo y tensiones en los mercados. Lo mismo opinan desde Hacienda. La petición oficial de ayuda financiera anunciada por el Gobierno de Alberto Fabra el pasado viernes evidencia que las comunidades son incapaces de afrontar sus vencimientos de deuda o financiar su déficit. Que esta fuera una realidad de sobra conocida, no impidió que la Comunidad Valenciana quedara estigmatizada ante los mercados, los inversores y la opinión pública. "No es un rescate", claman desde la capital valenciana, que reconocen que sus necesidades de financiación ascienden a 3.500 millones. Más allá del debate nominal, la realidad es que no hay dinero para hacer frente a los compromisos.

La lluvia de críticas que han caído sobre el Gobierno de Fabra en los últimos días provoca que otras autonomías traten de retrasar la petición de ayuda o buscar alternativas. Sin embargo, para muchas regiones no existe elección. Entre julio y diciembre, las comunidades afrontan vencimientos de deuda por 12.500 millones de euros. Además, el déficit público autonómico -la diferencia entre el gasto y los ingresos- alcanzará los 15.800 millones, un importe que debe financiarse a través de deuda o préstamos bancarios. Sin embargo, el mercado de deuda está cerrado para buena parte de las comunidades y la opción de emitir bonos patrióticos, tan utilizada en los últimos años, supone pagar un sobrecoste en intereses inasumible. Así, pese a que el anatema caerá inevitablemente sobre los territorios que pidan ayuda al Estado, todo apunta que buena parte de ellas, más temprano que tarde, se acogerán al fondo. Ahora mismo, el mayor esfuerzo es tratar de evitar que la ayuda reciba el nombre de rescate. "Esto es un préstamo, llamarlo rescate es como referirse a una hipoteca como un rescate. Si esto es así, entonces están rescatados el 80% de los ciudadanos españoles que tienen hipoteca", indicó el consejero de Hacienda valenciano.

Que el término rescate genera urticaria se comprobó este fin de semana, cuando el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró en una entrevista a un medio local que pedirían entre 200 y 300 millones de euros al fondo de liquidez. Tras comprobar que ello se entendía como una rescate de manual, la Consejería de Hacienda emitió un comunicado en el que defendía que la respuesta de Valcárcel se refería a los hispabonos. Ello resulta especialmente llamativo, ya que Hacienda no prevé poner en marcha los hispabonos. De hecho, se ideó el fondo de liquidez para evitar la emisión de deuda compartida entre comunidades y el Tesoro. Finalmente ayer, Valcárcel reconoció que en septiembre pedirá 200 o 300 millones al fondo de liquidez. "No es un rescate", insistió.

Además de la Comunidad Valenciana y Murcia, Cataluña es otro territorio que previsiblemente llamará a la puerta de Hacienda. La Generalitat de Cataluña debe afrontar 3.705 millones en vencimientos de deuda antes de final de año y las cuentas públicas difícilmente pueden asumir este coste en un momento en que los ingresos siguen cayendo y los gastos, pese a reducirse, no lo hacen en la misma proporción. Además, Cataluña registró un déficit del 3,72% en 2011 y debe bajarlo hasta el 1,5%, un ajuste colosal que difícilmente se cumplirá.

No solo es el caso de Cataluña, la experiencia reciente y los expertos indican que la mayoría de regiones incumplirá el objetivo de déficit, que implica reducir los números rojos del 3,3% al 1,5%. Basta recordar que, desde que se inició la crisis, las comunidades no han logrado recortar ni en un solo ejercicio su déficit. Y ahora tienen hasta final de año para disminuirlo en casi 20.000 millones.

Menos autonomía

Castilla-La Mancha, la región que registró el mayor déficit en 2011 (7,30% de su PIB) también precisará con toda seguridad acogerse al fondo de liquidez, que en principio está dotado con 18.000 millones de euros. "No nos hemos planteado nada por ahora", señaló la presidenta castellanomanchega, María Dolores de Cospedal. La misma estrategia que, de momento, siguen la mayoría comunidades. Sin embargo, resulta difícil imaginar que la región con los números rojos más altos de España pueda lograr en el mercado el dinero que el Estado está dispuesto a facilitar.

Ni tan siquiera Madrid descarta recurrir a la ayuda financiera, aunque su presidenta, Esperanza Aguirre, se hizo la sueca. "No sé de que me están hablando", cuando le preguntaron si se acogería al fondo de liquidez. Aguirre se limitó a señalar que hace faltar reducir más el gasto. La Comunidad de Madrid, a diferencia de otras regiones, ha tenido hasta ahora acceso a los mercados, sin embargo, cada vez le cuesta más obtener financiación. Hasta diciembre, afrontará vencimientos por 1.247 millones.

De momento, solo Baleares, Extremadura y Andalucía han pronunciado un no contundente al fondo de liquidez. Que cumplan su palabra dependerá de la evolución de los mercados y, sobre todo, de si son capaces de reducir el déficit hasta los límites exigidos por Hacienda.

Andalucía denuncia que la ayuda del Gobierno es "un instrumento más dirigido a limitar las competencias autonómicas que a que facilitar la liquidez, que es ahora el problema de las comunidades". Acogerse al fondo implica una importante pérdida de autonomía y aceptar un férreo control de las cuentas por parte de Hacienda. Sin embargo, a cambio, se pueden obtener recursos que el mercado no está dispuesto a prestar o, si lo hace, será con tipos de interés prohibitivos.

Las condiciones financieras del préstamo no están predefinidas pero, en cualquier caso, serán inferiores al coste de acudir a la banca o de emitir bonos patrióticos, una alternativa utilizada recientemente por Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana que supone lograr liquidez pagando un altísimo peaje. De hecho, los intereses de la deuda son la única partida sobre la que las comunidades autónomas no tienen ninguna posibilidad de aplicar la tijera.

Según los planes económico-financieros, las autonomías destinarán 9.163 millones al pago de intereses en 2014. Mientras que esta partida aumentará un 106% entre 2011 y 2014, el gasto total de las comunidades se recortará un 5,8%. Ello significa que las regiones tendrán menos capacidad de inversión y de aplicar medidas productivas para revitalizar una economía que se encamina imparable hacía la recesión más larga de la historia reciente.

Sin sorpresa en la agencias de rating

La adhesión de Valencia a la ayuda financiera no ha despertado ninguna sorpresa entre las agencias de rating. Standard & Poor's señala que ya descontaba en sus previsiones que el Gobierno de Fabra acudiría a algún mecanismo de auxilio. Es decir, para el mercado, lo realmente noticioso hubiera sido la renuncia de la Comunidad Valenciana a acogerse a la ayuda del Estado. En cualquier caso, la deuda de la Generalitat mantiene una calificación de BB, que equivale a un bono basura. Lo mismo le sucede a Castilla-La Mancha. Cataluña, por su parte, se encuentra a solo un paso de que su deuda reciba el calificativo de non-investment grade.

Si el bono español a diez años cotiza en el secundario al 7,5%, las deudas autonómicas lo hacen por encima del 10%. Sin embargo, esa cifra es algo engañosa, ya que las órdenes de compra se pueden contar con los dedos de una manos. Es decir, prácticamente no existe mercado para el papel de las comunidades. En este contexto, el fondo de liquidez no es una opción, sino que resulta un imperativo.