A la senda de consolidación fiscal del Ejecutivo, que establece que el déficit público se sitúe a finales de este ejercicio en el 5,3% del PIB, le ha salido un obstáculo en el camino. La sumisión mostrada por las autonomías gobernadas por el PP para asumir los compromisos de reducción de los desfases presupuestarios contrasta con la rebelión de las regiones dirigidas por otras formaciones políticas, como País Vasco, Andalucía o Cataluña.
Todas ellas han rechazado de forma unánime los ajustes aprobados por el Ejecutivo en Sanidad o Educación a través de sendos reales decretos y han mostrado su intención de agotar todas las vías legales para no tener que aplicarlos en sus territorios.
Antisociales y antidemocráticos
El más vehemente ha sido el Ejecutivo presidido por Patxi López. De hecho el Parlamento Vasco instó ayer, con los únicos votos en contra de PP y UPyD, al Gobierno autonómico a que presente un recurso de inconstitucionalidad contra los "recortes" del Ejecutivo en Educación y Sanidad y a que solicite la suspensión cautelar de dichas medidas. "Algunas de las medidas son antisociales, antidemocráticas y, en algunos aspectos, de legalidad bastante dudosa", apuntó ayer el portavoz del PSE, Alfredo Pastor. Entre ellas destaca la posibilidad de restringir la atención sanitaria a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular.
Algo a lo que se negó ayer de forma tajante la portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, quien rechazó distinguir a los pacientes por su país de origen. "El Ejecutivo vasco no mira a los de fuera y los de dentro como algo diferente y considera que todos somos necesarios. No acepto que no se les pueda atender", recalcó. La respuesta en tono pacificador no tardó en llegar desde el Ministerio de Sanidad. "Es lógico que las comunidades autónomas busquen fórmulas para atender a los inmigrantes en situación irregular y, por tanto, sin tarjeta sanitaria, cuando sea necesario", apuntó ayer un portavoz oficial.
La rebeldía no solo se ciñe a los ajustes establecidos en sanidad y educación, sino que se amplían a los consignados en la reforma laboral. El coordinador general de IU en Andalucía, Diego Valderas, planteó ayer que el Ejecutivo andaluz, en el que estarán su formación y el PSOE, debe plantar resistencia al recorte de derechos laborales que ha diseñado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. "Solo acataremos por imperativo legal la política de recortes y consolidación fiscal", apuntó Valderas, que fue más allá al proponer que "llegado el caso" no se aplique la reforma laboral al personal contratado por la Junta.
La última en unirse ayer al rechazo fue Navarra, que tampoco ampliará la jornada laboral a sus funcionarios. El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Roberto Jiménez, descartó que vayan a seguir el ejemplo del Ejecutivo central a la hora de aprobar incrementos de productividad. "Navarra no tiene ninguna obligación de prolongar la jornada laboral de los funcionarios y no hay necesidad de hacerlo, por lo que queda descartada esa medida", remarcó. En su opinión, la organización de la jornada laboral es competencia exclusiva de cada comunidad autónoma. "No vamos a permitir una invasión de nuestros derechos históricos", aseguró.
Cataluña pide margen para ajustar aún más
La única autonomía que parece dispuesta a aplicar los ajustes planteados por el Ejecutivo e incluso ir más allá es Cataluña.
El consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, reclamó ayer de nuevo al Ejecutivo que relaje el marco normativo y permita así al gobierno autonómico aplicar más medidas de copago en sanidad. "El Gobierno central ni hace ni deja hacer. Solo nos conformaríamos con tener más manga ancha para aplicar medidas propias", dijo. Así, entre ellas, propuso el pago de cinco euros por noche de estancia en el hospital o el pago del 100% de los medicamentos a las personas con rentas superiores a 100.000 euros anuales. Un paso que por ahora no se han atrevido a dar o que han rechazado otros presidentes autonómicos.
El presidente de la Generalidad valenciana, Alberto Fabra, afirmó ayer que no se plantea medidas como el cobro de la comida y las sábanas y toallas a los pacientes de los hospitales públicos.
"Ahora mismo, con las medidas adoptadas, cumplimos ya el objetivo de déficit", dijo. En la misma línea el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, aseguró ayer que no va a pedir a sus ciudadanos que paguen por los menús de los hospitales o por la estancia en ellos.
"El esfuerzo continuado de los últimos tres años nos coloca en una situación difícil, pero más cómoda que otras", dijo.
