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Mayor internacionalización

Las asignaturas pendientes de la universidad española

Las asignaturas pendientes de la universidad española
Las asignaturas pendientes de la universidad española

La universidad como motor para salir de la crisis. Es el nuevo papel que ha de asumir esta institución para afrontar los desafíos que se le presentan. A partir de ahora deberá afrontar una serie de cambios estructurales, que pasan por promover un modelo de gobernanza universitaria más profesional y eficiente, con una mayoría de miembros externos en los órganos que tengan competencia para designar al rector. Asimismo, deberá haber un incremento en la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno con competencias sobre la universidad y reformar la organización del sector público investigador, así como plantear una política de recursos humanos que permita a las universidades desarrollar sus mejores opciones estratégicas. También es necesario que los rectores ganen autonomía para definir mejor su oferta académica, así como sus criterios de admisión de los alumnos.

Otra asignatura pendiente es el incremento de la internacionalización, tanto en número de alumnos extranjeros en España como de españoles estudiando en otros países. Las universidades españolas sólo tienen un 1% de alumnos foráneos, frente a la media del 7% de la OCDE. Y sus tasas de graduación son seis puntos inferiores, lo que supone una baja eficiencia. Tampoco la movilidad internacional del profesorado es la deseable. Al menos es lo que se refleja en el informe CYD 2009, La contribución de las universidades españolas al desarrollo, elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo, institución que preside Ana Patricia Botín, quien apuesta por una evolución de las estructuras de universidades y empresas, en busca de una alianza entre ambas y de un impulso a la internacionalización.

Más dinero público

El capítulo de la financiación del sistema universitario también merece una revisión, con dotaciones públicas más relevantes, y un mayor equilibrio entre los precios públicos y el sistema de becas, con el fin de combinar una mayor eficiencia y equidad en el sistema. Es necesario, por otro lado, reorganizar el sector público investigador tomando como referente los institutos que han asumido una personalidad jurídica independiente, como fundaciones que se han alejado del marco funcionarial y han establecido acuerdos con el sector público, vinculados a los resultados obtenidos.

Según el presidente del comité ejecutivo y máximo responsable de Indra, Javier Monzón, sólo existe una universidad en España, Pompeu Fabra, entre los 15 centros españoles con mayor impacto por calidad y publicación de investigaciones. Una decena de ellos son organismos públicos de nueva creación, con formas de gobierno distintas a las que predominan en la Universidad, ya que permiten políticas de gestión, de recursos humanos y captación de financiación, "mucho más ágiles y eficientes".

El estudio advierte que una política de restricciones económicas carece de futuro a medio y largo plazo. En consecuencia, y ahora más que nunca, resulta necesario afrontar reformas de calado en la universidad, sobre todo cuando algunos países europeos ya las han puesto en marcha, mejorando sus resultados educativos e investigadores. Lo cierto es que la crisis está haciendo daño a la universidad. Porque no todas las universidades, agregó Monzón durante la presentación del informe, van a sobrevivir a la crisis. "Algunas no van a poder superar la situación si no son eficientes y competitivas".

El objetivo es transformar las universidades en una potente herramienta que contribuya al crecimiento económico y al bienestar social. Para ello, según reconoció el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, queda mucho por hacer. Gabilondo defendió un modelo que incremente la eficacia y la rendición de cuentas. El presidente de Conferencia de Rectores (CRUE), Federico Gutiérrez Solana, pidió que no haya retrocesos en la inversión pública y privada en universidad y ciencia.

Cifras

-1,27% del PIB en inversión en investigación y desarrollo, con un crecimiento anual del 5,8%.- 'Spin offs': la creación de este tipo de empresas se redujo un 16,7% en 2008.- Personal: más de 200.000 personas se dedican a estas actividades.- Top mundial: España se encuentra entre los diez primeros países en publicaciones científicas.- Gasto: la I+D de la universidad pública representó el 91,8% del gasto en I+D de la enseñanza superior.- Parques científicos: 20% más de empresas en estos espacios, con una facturación de 18.000 millones de euros.

La crisis se ceba con los parados universitarios

La inserción laboral de los universitarios se ha complicado en los últimos dos años, así como las condiciones laborales de los titulados. Durante la década de 1997 a 2007, España fue el país de la OCDE que más elevó la tasa de empleo de los graduados universitarios y experimentó el mayor descenso de su tasa de paro. Sin embargo, la crisis ha supuesto desde 2008 un cambio radical. Entre el último trimestre de 2007 y el tercero de 2009, la tasa de paro casi se ha duplicado, y ha pasado de un 4,8% a un 9,4%, frente a la media de la UE-27 que ha crecido poco más de un punto porcentual, hasta el 4,6%.Pese a ello, han sido los que tenían los estudios más avanzados (universitarios y doctorados) quienes registraron los mejores resultados en el mercado laboral, con una mayor tasa de ocupación y mejores condiciones salariales.Por comunidades autónomas, Navarra ha sido la que obtuvo menor tasa de paro para la población con estudios de nivel superior (7,2%), mientras que a Andalucía correspondió la mayor (14,9%). La crisis también supuso que el desajuste entre oferta y demanda en los puestos de alta cualificación fuera relativamente inferior al de los puestos de baja cualificación.El motivo, según se detalla en el informe CYD, se debe a que la reducción de puestos de trabajo de alta cualificación no fue tan elevada como para los de baja, y a que se produjo un incremento superior de la demanda en estos últimos. A pesar de ello, sigue habiendo sobrecualificación. En 2008, casi un 3% de los contratados (cerca de 300.000 personas) con estudios universitarios tuvo que realizar tareas para las que no se necesitaba ese nivel formativo.

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