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Bernardo Díaz - Elche - 24/11/2006
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) exigió ayer a las administraciones un trato más homogéneo para las diferentes normas tributarias que coexisten en las distintas comunidades autónomas con el fin de no complicar aún más el escenario tributario actual y acabar perjudicando la actividad económica.
La diversidad tributaria que se está alcanzando con la puesta en marcha de la capacidad normativa de las comunidades se está convirtiendo en un problema para las empresas, a juicio de los asesores fiscales. 'Muchas veces es muy difícil poder hacer nuestro trabajo sin tener una cierta sensación de inseguridad jurídica', indicó Valentí Pich, en la inauguración del VII Congreso Nacional del REAF, haciéndose eco de la multiplicidad de normas sobre un mismo impuesto, que imperan en todo el territorio nacional y que 'animan a la deslocalización empresarial'. La heterogeneidad se extiende tanto en tributos cedidos (sucesiones, patrimonio, transmisiones patrimoniales, etc.) como algunos estatales en los que las comunidades tienen una cierta capacidad normativa para variar la tarifa o establecer deducciones (IRPF).
A esta petición se sumó también el conseller valenciano de Economía y Hacienda, Gerardo Camps. 'Debemos hacer una reflexión conjunta para no avanzar hacia regímenes tan dispersos como el que tiene Navarra y Euskadi en relación al territorio común; las comunidades no debemos entrar en una carrera absurda por robarnos los contribuyentes, es más importante la unidad de mercado', dijo en su intervención en el Congreso.
Otras veces la complejidad viene de las normas tributarias aprobadas. El nuevo IRPF y la ley de Prevención del Fraude Fiscal, que entrarán en vigor en enero, complican el funcionamiento de las empresas, según el REAF. 'El establecimiento de una retención en el sistema de módulos obliga a más papeleo a muchas pymes que no disponen del aparato legal para ello', avisó Pich.
Además, todas estas leyes necesitan de su oportuno desarrollo reglamentario para no crear lagunas entre los contribuyentes y más inseguridad jurídica.
La lucha contra el blanqueo y la corrupción urbanística también se debatió. Y la conclusión fue que la mejor receta es una mejor coordinación entre las tres administraciones públicas y dirigir los esfuerzos de la Inspección hacia las grandes tramas de fraude.
'Existen unas mil promotoras censadas en el Banco de España con planes explícitos de control interno del blanqueo cuando todas ellas deberían contar por ley con procedimientos de este tipo. Quien no remita estos planes a la autoridad se arriesga a una inspección. El número es ridículo ya que sólo en Madrid hay más de 14.000 promotoras trabajando', avisó Luis Manuel Rubí, experto en blanqueo de capitales y socio de Rubí Blanc Abogados.
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