Anticorrupción ha remitido ya su informe al juez Fernando Andreu, en el que tampoco se opone a que comparezca Jaime Castellanos, presidente de Lazard, -entidad que asesoró a Bankia en su estreno bursátil-, tal y como también solicitó UPyD en un escrito el pasado 9 de enero. Las fuentes consultadas han explicado que el Ministerio Público considera que esta diligencia, sobre la que se tendrá que pronunciar Andreu, no sería improcedente porque no reviste un carácter dilatorio o contrario al objeto del procedimiento.
En su declaración del pasado 20 de diciembre, Rodrigo Rato afirmó que el Gobierno le había pedido un nuevo plan de viabilidad para la entidad pocos días después de que el Banco de España aprobara el Plan de Recapitalización y el Plan Estratégico de BFA-Bankia hasta 2015.
Bankia hizo el nuevo documento y el 4 de mayo de 2012 remitió a Economía el denominado "Plan de Desinversión, Saneamiento y Mejora de Margen" en el que se contemplaba un peor escenario económico y saneamientos por valor de 9.639 millones de euros y una petición de ayuda pública al FROB de 7.000 millones.
Sin embargo, el Gobierno lo rechazó, circunstancia que motivó la dimisión de Rato y el nombramiento de José Ignacio Goirigolzarri como nuevo presidente de Bankia.
A raíz de su interrogatorio, el partido de Rosa Díez decidió solicitar al juez que citara a declarar a De Guindos porque, aunque Rato no dijo quiénes fueron sus interlocutores en el Ministerio de Economía, de su relato "se deduce que tales conversaciones se sustanciaron al máximo nivel".
Para el partido, es "absolutamente imprescindible" que De Guindos explique por qué exigió un nuevo plan a Bankia al margen del Banco de España, qué pedía que figurara en ese documento y en virtud de qué competencia interfirió en la labor de supervisión del organismo.
Respecto a Castellanos, UPyD indicaba que Rato y el directivo de Lazard constituyeron juntos una sociedad inmobiliaria (Paracuga), a pesar de que el expresidente de Bankia había negado ante el juez tener relación profesional o comercial con él, al margen de la derivada de Lazard.
En un escrito complementario a su declaración, que Andreu incorporó a la causa el pasado lunes, el exvicepresidente del Gobierno explicaba que el 30 de octubre de 2009 constituyó con Castellanos y otros esta sociedad inmobiliaria, aunque precisaba que "no ha realizado operación mercantil de clase alguna".
Tres años después, según el escrito de Rato, elevó a público su acuerdo social de disolución, liquidación y extinción, que fue presentado en el registro mercantil el pasado 29 de noviembre.
Por último, aclaraba que actualmente forma parte, junto con Castellanos y otras personas, de una comunidad de bienes titular de un local comercial en Alcorcón (Madrid), que es objeto de arrendamiento a terceros.
