Al menos 10 años con las cuentas hipotecadas
Municipios y regiones deben devolver 85.000 millones.
A las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les queda un durísimo vía crucis por recorrer en los próximos 10 años. A 31 de diciembre del año pasado cerraron sus cuentas con el mayor desfase presupuestario jamás registrado. Además de reducir ese déficit a la mitad (lo que supone un imponente tajo de más de 17.000 millones a la espera de conocer las cifras de los municipios), tienen pendiente todavía devolver las entregas a cuenta que recibieron de más del Estado en 2008 y 2009. En ambos ejercicios ingresaron 23.100 y 5.891 millones respectivamente, según unas previsiones oficiales que después no se cumplieron. Y por último, pero no menos importante, van a tener que poner a cero "en cuestión de semanas o meses" el contador de la deuda con sus proveedores. Conclusión: un ajuste en toda regla que apenas deja margen para nada más que no sean los servicios básicos fundamentales.
Sumados todos los conceptos, la cifra global podría elevarse a 85.000 millones, de los que algo más de la mitad corresponde a las autonomías (48.500 millones) y el resto a los ayuntamientos. Solo la devolución de las entregas a cuenta hipoteca en gran medida su margen de maniobra durante los próximos 10 años (representan más de 23.000 millones).
En segundo lugar, figuran los 18.000 millones que las regiones adeudan a sus proveedores. El Ejecutivo se ha comprometido a presentar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, previsto para la próxima semana, un mecanismo para que las regiones se pongan al corriente de pago de todas sus facturas. El instrumento presentado para los ayuntamientos contempla que estos deberán presentar los recibos antes del 15 de marzo y al tiempo deberán elaborar, como muy tarde a finales de marzo, un plan de saneamiento que explique cómo devolverán el dinero que ahora se les adelante para pagar esas facturas.
El texto publicado en el BOE respecto al mecanismo diseñado para los ayuntamientos establece que tendrán prioridad en el cobro aquellas empresas con las deudas más antiguas y quienes acepten quitas sobre el principal. En cualquier caso, deberán renunciar expresamente a reclamar los intereses de demora.
Este último punto ha levantado suspicacias entre los laboratorios farmacéuticos y las empresas de tecnología sanitaria, que acumulan el 70% de la deuda autonómica. Solo la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria había presentado hasta el 31 de junio 4.781 pleitos reclamando los intereses de demora por la deuda pendiente. La fijación de un descuento provocaría que las empresas tendrían que renunciar a una parte importante de su deuda.
Finalmente, las comunidades deberán hacer frente al menos al pago de los 7.500 millones consignados en una nueva línea ICO para financiar vencimientos de deuda.
Reforma del sector público
El panorama de los ayuntamientos no es mejor. La factura a la que tendrán que hacer frente se eleva a 36.000 millones, de los que 30.000 corresponden, según cálculos empresariales, a su deuda con proveedores. El resto representa la devolución de las entregas a cuenta, que también deberán reintegrar en un plazo de 10 años.
Además, unos y otros deberán asumir el coste de reestructuración del sector público. A corto plazo tendrán que eliminar 445 empresas y fundaciones públicas, lo que supondrá al mismo tiempo el despido de muchos trabajadores, una vía que habilita la reforma laboral.
La norma establece que se podrán poner en marcha expedientes de regulación de empleo, siempre que se justifiquen nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, pagando una indemnización de 20 días por año trabajado.
Los acreedores rechazan las quitas a su deuda
Los acreedores mostraron ayer su descontento con el mecanismo diseñado por el Ejecutivo para reducir la deuda comercial de los ayuntamientos. El portavoz de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Antoni Cañete, valoró la rapidez con la que se ha puesto en marcha un sistema para liquidar la deuda comercial de todas las Administraciones, pero aseguró que hay algunos puntos de la norma que son injustos. En particular se refirió al artículo 8 del real decreto, en el que se prioriza el pago de las deudas a los proveedores que más descuento ofrezcan sobre el importe principal de la obligación pendiente. "Es preocupante que el criterio de pago incite a una especie de subasta de descuentos por parte de los proveedores sobre el importe de las facturas que les adeudan para intentar cobrar antes. Esto puede provocar, por ejemplo, que algunas empresas, a la desesperada, acepten una baja temeraria del importe por su imperiosa necesidad de cobrar", recalcó.A juicio de Cañete, esta posibilidad puede generar una dinámica perversa que afectará de diferente manera a los proveedores, "ya que las empresas que tengan mayores márgenes serán las que tengan más privilegios para cobrar sus facturas pendientes".Otro efecto perverso, según Cañete, que se puede producir es el hecho de que las contratas acepten quitas y que posteriormente traten de imponer un descuento similar a sus subcontratas.