Andalucía y Cataluña fueron las dos únicas comunidades, junto con Canarias, que no apoyaron el objetivo de estabilidad fijado por Hacienda que contempla rebajar el déficit autonómico al 1,5%. Sin embargo, ambos territorios han entendido que para evitar una posible intervención no tienen otra alternativa que cumplir con el umbral impuesto por el Gobierno central.
Bajo la premisa de que "la austeridad no es un castigo, sino un valor", el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y su consejero de Economía, Andreu Mas-Colell presentaron un duro plan de ajuste para lograr que el déficit de la Generalitat baje del 2,7% registrado en 2011 al 1,5%, lo que equivale a un esfuerzo de casi 4.500 millones de euros.
Mas confirmó que aplicará una reducción de los complementos salariales a los funcionarios de la Generalitat de un 5% (un 3% en junio y un 2% en diciembre). La política también se aplicará sobre los funcionarios del Estado que reciben complementos autonómicos. Esta medida es adicional a la rebaja de sueldos ya aprobada por el Gobierno catalán. De hecho, el presidente de la Generalitat recordó que los "interinos han perdido entre un 25% y un 30% de su sueldo entre congelaciones y rebajas salariales. Los funcionarios, entre un 10% y un 15%". Mas quiso destacar que el "sacrificio de los empleados públicos es lo que permite que la ciudadanía en general no note los efectos de la reducción del gasto".
La Generalitat instó al Ejecutivo a seguir la misma senda y a aprobar una reducción de los salarios públicos. De hecho, Mas volvió a denunciar al Gobierno central por no abonar la deuda pendiente en virtud de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán. El ajuste anunciado ayer se suma a otras medidas como la implementación del bautizado como tíquet moderador (copago farmacéutico) o la creación de una tasa sobre el turismo que grava las pernoctaciones en hoteles.
Para afrontar la reducción de los números rojos, la Generalitat también suspenderá subvenciones y privatizará empresas públicas como los Túnels de Vallvidrera o Aigües Ter-Llobregat. Si bien no lo dijo claramente, también se suprimirán organismos dependientes de las distintas Consejerías. Todo ello supondrá la pérdida de puestos de trabajo que todavía no se han contabilizado.
Por otra parte, se creará una tasa para la Formación Profesional de grado superior de unos 20 euros mensuales hasta un máximo de 200 euros anuales. Además, la Generalitat aplicará los recortes aprobados por el Gobierno central en sanidad y educación. Ello supone incrementar las tasas universitarias y el número de alumnos por aula.
Alzas en IRPF y Patrimonio
Andalucía, en cambio, rechaza elevar el ratio de alumnos, aunque asegura que su intención es cumplir con el 1,5% del déficit. Para ello, la Junta de Andalucía, formada por el PSOE e IU, rebajará un 5% el sueldo del presidente de la Junta, consejeros y viceconsejeros y reducirá retribuciones variables a funcionarios e interinos. También aumentará de 35 a 37,5 horas la jornada laboral de los empleados públicos, reducirá altos cargos, bajará el número de horas extraordinarias y los complementos adicionales de las pagas extra de junio y diciembre.
Todo ello servirá para evitar el "despido de 30.000 personas" del sector público. Además, este año no se realizará ninguna obra pública nueva salvo casos muy excepcionales. Por el lado de los ingresos, se subirá nuevamente el IRPF a las rentas superiores a 120.000 euros y se aumentará el gravamen en el impuesto sobre el patrimonio, el llamado céntimo sanitario y el tipo de actos jurídicos documentados, que pasará del 1,2% al 1,5%. Con estas medidas, Andalucía confía en lograr un ahorro de 3.500 millones.
