"Esperábamos que nos llamaran para arrimar el hombro, pero lo han hecho para escurrir el bulto y dar cobertura a las políticas educativas del PP". Así de tajante se mostró ayer el consejero de Educación en funciones de la Junta de Andalucía, Francisco Álvarez de la Chica, quien afirmó que si no se llevan a cabo, "se aplicará el mazo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con todas sus consecuencias".
Por ese motivo, aseguró que "no existe margen para tomar decisiones distintas" y que todo ello "producirá un empeoramiento de la enseñanza pública". La viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, también calificó de "muy grave" la medida adoptada sobre sustituciones y el efecto que todo ello tendrá entre el profesorado. "Nosotros no podemos bajar más las plantillas. Vamos a intentar no tocar nada en la ratio de niños por aula ni en el número de horas lectivas, porque consideramos que ambas propuestas afectan directamente a la calidad educativa", añadió.
Cataluña y País Vasco, por su parte, consideran que el Gobierno ha invadido competencias autonómicas. "Vamos a pasar del café para todos al café descafeinado para todos", aseveró la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña, Irene Rigau, quien recalcó que "estas medidas conllevan un desmantelamiento progresivo de las competencias de la comunidades". Isabel Celáa, consejera del País Vasco, se planteó incluso recurrir jurídicamente.
Flexibilidad
Las comunidades gobernadas por el PP aplaudieron las medidas. El consejero de Educación de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, señaló que "el ministerio ha dado un paraguas para ser flexibles y que cada comunidad puede hacer lo que quiera".
