El pasado marzo, el Consejo de Ministros aprobó una "declaración tributaria especial" y meses más tarde, el socio director de F&J Martín, Javier Martín, acaba de coordinar el libro La amnistía fiscal, editado por Tirant lo Blanch. Sin recurrir a los eufemismos que gustan en Hacienda, el libro ofrece algo de luz sobre una de las medidas más polémicas adoptadas por el Gobierno hasta ahora.
En el libro dice que le repugnan las amnistías fiscales, aunque considera que ahora se necesitan "medidas eficaces y a corto plazo".
Toda amnistía va contra la línea de flotación del principio de justicia tributaria. Ahora bien, los nubarrones que se ciernen sobre nuestra economía requieren medidas eficaces y sobre todo teniendo en cuenta la bolsa de fraude estructural. Por tanto, la amnistía es conveniente e, incluso, recomendada por organismos internacionales, como la OCDE.
¿Cree que se recaudarán los 2.500 millones previstos por el Gobierno?
Lograr la previsión de ingresos depende de que se resuelvan las dudas que plantea su actual regulación.
¿Qué efecto tendrán los recursos presentados por el PSOE ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional?
El actual marco normativo está carente de seguridad jurídica, ya que la amnistía no figura en una ley ordinaria. Por su parte, la orden ministerial de desarrollo amplía el ámbito de la amnistía al dinero en efectivo, extralimitándose frente al contenido del decreto-ley. Toda esta regulación debería incorporarse a una ley y a la mayor brevedad posible. Si no es así, la amnistía no tendrá éxito y sí coste político.
¿En la medida en que el delito fiscal se considera delito previo de blanqueo, los contribuyentes que se acojan a la amnistía podrían ser acusados por la vía penal de blanqueo?
Con la regulación vigente, la presentación de la declaración tributaria especial exime al contribuyente, si la Administración tributaria así lo estima, de responsabilidad penal por el delito fiscal. Sin embargo, puede ser perseguido por el delito de blanqueo de capitales, en la medida en que realice comportamientos típicos sobre bienes que proceden del delito fiscal.
Entonces, ¿es posible que un contribuyente que se acoja a la amnistía fiscal termine en la cárcel o, al menos, procesado?
Existe un anteproyecto de reforma del Código Penal que pretende solucionar el inconveniente expuesto. Con este cambio normativo, si un contribuyente regulariza su situación tributaria, la defraudación previa deviene penalmente atípica, de manera que ya no se puede afirmar que los bienes que integran la cuota defraudada proceden de una actividad delictiva (típica y antijurídica) a efectos del delito blanqueo de capitales, por el que ya no va a poder ser perseguido.
¿Que no se haya incluido el impuesto sobre sucesiones o patrimonio en la amnistía, le resta atractivo?
Ello pone de manifiesto uno de los grandes interrogantes que, a mi juicio, plantea la amnistía: para que produzca efectos, ¿es preciso acreditar el origen de las rentas? Caben dos interpretaciones. La primera, considerar que es suficiente la simple declaración y pago. La segunda, que es preciso demostrar el origen de las rentas. Me inclino por esta segunda. Por tanto, si, a consecuencia de la declaración, se ponen de manifiesto deudas por estos últimos tributos, es preciso presentar, conjuntamente, declaraciones extemporáneas para evitar la imposición de sanciones (administrativas o penales).
