La alternativa de Trabajo: potenciar los convenios empresariales

Mientras tanto el ejecutivo guardaba en la recámara un plan alternativo por si la patronal y los sindicatos no conseguían pactar la reforma. El departamento de Valeriano Gómez ha recogido los escasos avances que se han ido produciendo para elaborar un decreto ley que presentará el próximo 10 de junio en el Consejo de Ministros.

A la espera de conocer cuáles son las modificaciones, Gómez adelantó el jueves algunas de las líneas maestras que orientarán la reforma:

Estructura de los convenios

Uno de las prioridades es dotar a la negociación empresarial de un mayor protagonismo pero todo ello con una mejor ordenación dentro del sector. Esto podría interpretarse como un intento de eliminar los convenios provinciales, algo que en su momento llegó a apuntar el propio ministro. En la actualidad el 65% de los trabajadores tienen como referencia un convenio sectorial provincial.

Las exigencias de la patronal siguen esta senda, pues buscan que la flexibilidad interna permita una mayor descentralización. Quieren que los convenios de empresa sean autosuficientes, lo que no lo haría incompatible con la posibilidad de que tomen de referencia otros convenios de ámbito superior. El objetivo último supondría la eliminación de la prohibición de crear un convenio de empresa en el momento que consideren oportuno.

Flexibilidad interna

El otro gran eje que la reforma persigue es aumentar la flexibilidad interna. Esto ha de realizarse sin perder de vista los instrumentos de participación con los que cuentan los trabajadores. Hasta el momento los descuelgues salariales se llevaban a cabo en las comisiones paritarias que se encuentran un nivel por encima de las empresas. Ahora lo que se pretendería es dotar de mayor autonomía a los convenios que se desarrollen dentro de las propias compañías.

Dentro de esta apartado quedarían reguladas las condiciones de distribución de la jornada o movilidad.

Cobertura

Valeriano Gómez quiere alcanzar un mayor dinamismo sin perder cobertura, es decir, potenciar los convenios de empresa y en el caso de que no existan los empleados contarían con el sectorial para no estar desprotegidos en ningún momento.

Los autónomos y sectores emergentes merecen una especial atención por tratarse de empleados que carecen de un convenio propio. En su lugar, toman como marco de referencia lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Vigencia de los convenios

Una de las cuestiones pendientes sobre las que no se ha avanzado ningún detalle es la que hace referencia a la ultraactividad. Cuando finaliza la vigencia de un convenio los empresarios y los sindicatos cuentan con un periodo de negociación. Una vez que este vence se procede al arbitraje para decantar la balanza a favor de uno o de otros. El objetivo del gobierno sería, en principio, limitar el periodo de negociación para evitar que se prolongue en el tiempo sin llegar a un acuerdo definitivo. Los plazos fijados oscilarían entre los 6 y los 18 meses, en función de la duración del convenio.

Una de las exigencias de la CEOE es lo referente al deber de negociar. Una vez que se denuncie un convenio por falta de vigencia este debería decaer y el arbitraje pasaría a ser la solución para dirimir el conflicto. Si esto se aplicara, la patronal estima que el 70% de los convenios que prevalecen en la actualidad se encontrarían en desuso.

Las negociaciones entre los agentes sociales se encontraban bastante próximas antes de las elecciones del 22 de mayo. Sin embargo, un día después de conocerse los resultados la patronal dio un golpe de timón y retornó a sus antiguas posiciones, presionado por las exigencias de CEIM.

Las reacciones del ejecutivo no se hicieron esperar. El pasado 1 de junio tanto la ministra de Economía, Elena Salgado, como el propio Valeriano, no dudaron en señalar a la CEOE como los responsables del estancamiento al indicar que la patronal busca prolongar en el tiempo la reforma a la espera de un cambio de gobierno que favorezca sus posiciones. Sin embargo, esto no sucederá ya que el ministerio tenía prevista la inexistencia de acuerdo como ya hizo con el fracaso de la reforma laboral o lo ocurrido dentro del Pacto de Toledo.