El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros fue publicado el viernes por el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que garantiza su inmediata entrada en vigor, pero deja en el aire todavía cuestiones cruciales. En cuanto a las rentas de alquiler que pagarán las familias para poder permanecer en sus casas o para poder residir en alguna de las viviendas del parque de pisos sociales que el Gobierno ha anunciado que pondrá en marcha, el documento publicado el viernes no especifica su cuantía. Solo se limita a establecer que dichos alquileres serán "asumibles en función de los ingresos" del hogar.
Parque inmobiliario
El real decreto incluye el mandato al Gobierno para crear un "amplio parque de viviendas sociales", procedentes de las casas propiedad de la banca, pero de nuevo surgen las dudas, ya que no se explica si estos inmuebles serán cedidos por las entidades y gestionados por el Estado o serán los bancos los encargados de su puesta en el mercado y posterior gestión. Todo apunta a que a partir de ahora se abrirá un proceso de negociación para crear dicho parque inmobiliario, todavía por cuantificar.
La norma recoge todos los supuestos económicos y familiares bajo los que los hogares podrán evitar el desalojo de su casa durante los dos próximos años y explica el procedimiento que habrá que seguir para acreditar el cumplimiento de uno o varios de los criterios de vulnerabilidad. Entre los documentos exigidos, el decreto establece la obligación de presentar un certificado de rentas y, en su caso del impuesto de patrimonio, expedido por la Agencia Tributaria, relativos a los últimos cuatro ejercicios tributarios.
Además de aportar las tres últimas nóminas percibidas, será necesario un certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones que alegue estar recibiendo, otro que acredite los salarios sociales, rentas mínimas de inserción o ayudas de asistencia social procedentes de las comunidades autónomas o entes locales. En caso de ser autónomo, deberá acreditarlo Hacienda.
Lo que sí aclara la norma publicada el viernes en el BOE es que estas nuevas excepciones a los procesos de desahucio solo podrán aplicarse a los procedimientos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria que se hubieran iniciado a la entrada en vigor de la norma, en los que no se hubiese ejecutado el lanzamiento o desalojo.
Retroactividad
De este modo se especifica que el alquiler social solo será de aplicación a quienes se queden sin casa a partir del momento de entrar en vigor el decreto ley. Otra de las cuestiones sobre las que el viernes el Ejecutivo trató de arrojar luz es el volumen de familias que podría estar afectado por el drama de los desahucios. El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, cifró entre 4.000 y 15.000 el número de desahucios de primera vivienda cuyo acreedor es el banco en los últimos cuatro años.
El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB),MiguelMartín, defendió en un comunicado las garantías con que cuentan los procedimientos de ejecución presupuestaria actuales y se mostró preocupado por que se pueda poner en riesgo la "buena cultura de pago que existe en nuestromercado". Además, aporta un dato hasta ahora desconocido: los bancos han reestructurado o refinanciado 400.000 hipotecas de 2009 a septiembre de este año. Recordó que es la banca quien está proponiendomedidas que amplíen el ámbito de actuación del Código de Buenas Prácticas.
