Algunas ideas para aflorar la actividad en negro

Quién no conoce a algún profesional que realiza sus actividades sin estar dado de alta en la Seguridad Social y sin pagar los impuestos correspondientes a Hacienda? Lamentablemente, todo el mundo sabe de algún caso más o menos cercano.

Aunque no hay una estimación oficial, distintos estudios cifran la economía sumergida en España en el entorno del 20% o 23% del producto interior bruto (PIB). Por ello, una de las medidas que el Gobierno tiene en el horno es un plan antifraude fiscal, que entre otras cosas permitirá aflorar dinero opaco que está en el extranjero con una penalización del 10%, lo que ha sido denominado como amnistía fiscal. Pero al margen de este incentivo para las grandes fortunas, ¿qué puede hacerse en el terreno de los pequeños profesionales que trabajan en negro?

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) ha trasladado a los responsables de Hacienda un documento que incluye una serie de propuestas para adoptar medidas antifraude a pequeña escala.

Entre estas iniciativas, el Ejecutivo podría estudiar convertir, de alguna forma, en obligatorio la identificación a través de un NIF o CIF de la persona que compre material para trabajos como construcción y asimilados, floristerías, peluquerías, estéticas o textil por valor de más de 600 euros.

Se trataría de una medida a aplicar, por ejemplo, en grandes superficies o almacenes especializados de distribución, para obtener un registro más que pudiera utilizar Hacienda para perseguir si estos compradores, que destinan sus adquisiciones a una actividad económica, cumplen con sus obligaciones con el fisco.

De esta forma, explican fuentes de ATA, tanto la Agencia Tributaria como la Inspección de Trabajo podrían comprobar que quien realiza esas compras mayoristas, así como el nivel de dichas compras se corresponde o no con personas que realizan una actividad declarada y con el grado y tipo de actividad que declaran". Estas mismas fuentes admiten la dificultad de poner en marcha esta iniciativa pero se muestran convencidas de que, independientemente de su resultado, sería cuando menos "disuasoria".

Otra de las iniciativas propuestas consistiría en la necesidad de exigir, en la certificación de obra concluida, un certificado de cada una de las actividades de la cadena de instalación (fontaneros, albañiles, etc.) y proveedores que hayan intervenido en la actividad.

Cerco al dinero público

Los autónomos también recordaron la medida incluida en la reforma laboral consistente en fomentar que los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo realicen trabajos sociales, de forma que esto imposibilite el fraude de cobrar estas ayudas y trabajar a la vez en negro. En este sentido, ATA especifica que debería hacerse hincapié en el seguimiento y control de los prejubilados que cobren estas prestaciones porque "estos perfiles suelen participar de estas actividades no declaradas y se enfrentan a pocos controles sobre sus incompatibilidades".

Asimismo, fuentes de esta asociación aseguraron que Hacienda también ve con buenos ojos hacer campañas de concienciación entre la ciudadanía para instarles a que denuncien el fraude. Pero, en ningún caso, barajan crear incentivos fiscales o de otro tipo para los delatores, como hay en otros países europeos.