El presidente español, Mariano Rajoy, aprovechó la entrevista con el rotativo británico para enviar un mensaje de ayuda al Ejecutivo alemán, que ha sido el único de la zona euro que no acabó en recesión el pasado ejercicio. "Un cambio hacia una política expansionista impulsaría la recuperación económica de la zona euro", apuntó en el encuentro solicitando la puesta en marcha de planes de estímulo de la demanda en Alemania, la economía más grande de la zona euro y la tercera nación más exportadora del mundo. "Pienso que en este momento, cuando existe una necesidad de crecimiento, aquellos que son capaces de implementar políticas de crecimiento deberían hacerlo", remarcó.
La respuesta no tardó en llegar ni 24 horas. El ministro alemán de Economía, Philipp Rösler, rechazó la posibilidad de que Alemania apruebe nuevos planes de estímulo económico para asistir a otros países de la zona euro. "No pensamos en nuevos paquetes económicos financiados con deuda. Lo que se ha introducido a nivel europeo tiene el objetivo específico de facilitar el crecimiento en todos los países de la eurozona. Europea no reducirá su crecimiento si no reduce su deuda", respondió Rösler al ser preguntado por los comentarios del presidente español.
Y una de las principales razones por las que se niegan las autoridades alemanas, según los analistas, es la cercanía de los próximos comicios en Alemania, que se celebrarán en octubre. Un buen ejemplo que ilustra este temor es el propio ministro de Economía, que a su vez es el líder del partido Liberal Demócrata de Alemania (FDP), socio en la coalición de Gobierno liderada por Angela Merkel. Todos los sondeos apuntan a que esta formación podría sufrir un durísimo correctivo en las próximas elecciones legislativas con riesgo incluso de perder la posibilidad de contar con grupo parlamentario propio.
El rechazo alemán no impidió que desde el Ejecutivo español se volvieran a lanzar mensajes de ayuda a las autoridades alemanas. Ayer le tocó el turno al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que hizo extensivas sus peticiones al BCE. "Los españoles y otros muchos países tiramos del carro para facilitar la reunificación alemana y ahora corresponde a los países que están en mejor situación tirar del carro, no solo en nuestro interés, sino en interés de toda Europa e incluso del suyo propio", apuntó ayer durante su intervención en el foro Spain Investors Day, en la que también solicitó al BCE que compre deuda en el mercado secundario para rebajar la prima de riesgo y el coste de la deuda, que es la primera partida presupuestaria de España para este ejercicio.
La otra gran razón por la cual Alemania no está dispuesta a elevar la inversión y el gasto es el enfriamiento al que se está viendo sometida su propia economía. El Gobierno alemán reconoció ayer que la crisis va a pasar factura este año al PIB, que sólo crecerá un 0,4 % y provocará un leve aumento del desempleo, aunque se reafirmó en la necesidad de seguir con los ajustes fiscales y las reformas.
En la presentación del Informe Económico Anual 2013, que contiene las previsiones macroeconómicas para este ejercicio, Rösler subrayó que un crecimiento del 0,4% no es una mala cifra. "El potencial de crecimiento de la economía alemana está intacto y el mercado de trabajo va a seguir mostrándose robusto en 2013, aunque la tasa de desempleo se elevará ligeramente, hasta el 7%". Las previsiones para 2014 son mucho más optimistas, con un repunte del 1,6 % en 2014, gracias a la recuperación en la zona euro.
La Eurocamára pide otro reparto del déficit
El pleno de la Eurocámara aprobó ayer una resolución sobre las finanzas públicas en la eurozona en la que reclama que los esfuerzos de ajuste fiscal que se exigen a los Estados miembros para superar la crisis de deuda se repartan "de forma justa" entre las diferentes administraciones "teniendo en cuenta los servicios que prestan". Esta solicitud, que no tiene carácter vinculante, ha sido introducida en una enmienda del eurodiputado de Convergencia i Unió, Ramón Tremosa.
El Ejecutivo catalán levantó mucha polémica al anunciar que había iniciado negociaciones con Bruselas para tratar de renegociar el objetivo de déficit autonómico. La Comisión Europea le desautorizó y apuntó que el único interlocutor en este asunto es el Estado español.
