A los alcaldes les sobra trabajo y les faltan recursos

A pesar de su tono duro y solemne, todo indica que esta situación seguirá así, al menos, hasta después de las elecciones generales.

Según un estudio presentado ayer por la Fundación Democracia y Gobierno Local, el 25,8% del gasto total de las Administración locales puede calificarse de "no obligatorio", es decir, no responde a las competencias que los ayuntamientos tienen atribuidas por ley. Sin embargo, los alcaldes sostienen que muchas veces resultan "imprescindibles" asumirlas para mantener el Estado del bienestar. Castro puso como ejemplo las escuelas de infantiles, que suponen un coste para los ayuntamientos por el que no reciben financiación.

El estudio, coordinado por la profesora de la Universidad de Barcelona Maite Vilalta indica que, de media entre 2004 y 2007, los municipios españoles destinaron 259,67 euros anuales por habitante a gastos no obligatorios, que equivale al 25,8% del total. En números absolutos, implica que los alcaldes destinan 3.000 millones anuales a financiar las llamadas "competencias impropias".

Por primera vez, además, el informe calcula en qué revierten los gastos impropios. La mayor parte, el 30%, sirve para financiar la seguridad y protección civil. Ello parece razonable ya que los municipios menores de 20.000 habitantes, que son la inmensa mayoría, no tiene competencia en seguridad a pesar de que prácticamente en todos los pueblos existe la policía local.

Cultura y promoción social son, por este orden, las dos otras áreas donde más gastos impropios se producen. Por ejemplo, los municipios que no llegan a 5.000 habitantes, el 80% del total, no reciben financiación para abrir una biblioteca pública o instalaciones deportivas.

El 20% de las partidas impropias se destina a inversión y el resto a gasto corriente. Buena pare de este sirve para pagar sueldos de empleados públicos. Dicho de otra forma, se trata de un gasto estructural y por tanto, muy difícil de suprimir. De hecho, el porcentaje de gastos impropios sobre el total se ha mantenido en torno del 30% entre 2004 y 2007. La coordinadora asegura que la crisis económica no ha variado significativamente esa relación.

En cualquier caso, el presidente de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Antoni Fogué, destacó que los ayuntamientos no asumen más competencias por capricho o intereses electorales sino para dar respuesta a las necesidades de la población. En este sentido, remarcó que los problemas de financiación local no derivan de la crisis económica, aunque con ella las necesidad de mayores recursos se ha vuelto más acuciante.

Sin embargo, el debate sobre la financiación local, que estaba previsto que se aprobara en paralelo al nuevo modelo autonómico que entró en vigor el año anterior, ha quedado encallado. Y, todo apunta, no será hasta después de las elecciones generales cuando se reemprenderán las negociaciones.

Hasta entonces, los gastos impropios de los ayuntamientos seguirán sin contar una fuente de financiación estable. Y ello en un momento en que los recursos públicos han retrocedido a niveles del año 2005. Además, buena parte de los ingresos impositivos locales están vinculados al sector constructor e inmobiliario, que ha sufrido más que ningún otro el efecto de la crisis.