Ayer conocimos la letra pequeña de los Presupuestos aprobados el viernes. Unos presupuestos que pretenden reducir el déficit público desde el 8,5% del PIB hasta el 5,3%. No hay ningún país en la OCDE que haya logrado en la historia hacer tal recorte en medio de una recesión y en un solo año.
Por el lado de los ingresos, el Gobierno pretende aumentarlo con subidas del IBI, del IRPF, de la luz y el gas. Lo más llamativo ha sido el anuncio de una gran amnistía fiscal y la tozudez en no subir el IVA (cuando es lo que recomiendan los organismos internacionales), solo porque Montoro y Rajoy lanzaron una absurda campaña de recogida de firmas en contra de la subida del IVA que hizo el Gobierno de Zapatero en 2010.
Por el lado de los gastos, el Gobierno prolongará la congelación del salario de los funcionarios y reducirá de forma drástica el presupuesto de los ministerios en un 17%. Entre esos recortes destacan la caída en un 35% de la licitación en obra pública y de un 22% en la partida dedicada a políticas activas de empleo. El ajuste anunciado por el PP es ineficiente e injusto.
Es ineficiente porque, al aumentar el IRPF, va a dañar el consumo de las familias, en un momento en que la economía necesita sostener la demanda para que la recesión no sea mayor; porque recorta más en los ministerios con mayor capacidad para hacer inversiones productivas, y porque recupera la desgravación por compra de vivienda que alimentó la burbuja inmobiliaria.
Además, el ajuste es injusto porque el 66% del aumento de ingresos recae sobre los impuestos que pagan los ciudadanos por rentas del trabajo, frente al 26% que recae sobre las ganancias de capital, y apenas el 8% que pagarán los defraudadores amnistiados. Congela el salario mínimo, paraliza el desarrollo de la Ley de Dependencia, deprime la ayuda al desarrollo y elimina la renta básica de emancipación para los jóvenes. La situación es complicada y los presupuestos restrictivos son siempre mucho más fáciles de criticar que de enmendar. Sin embargo, creo que se podrían haber hecho de otra manera.
Los presupuestos alternativos que se podrían haber presentado tendrían las siguientes características: el aumento de ingresos supondría un 55% del ajuste y el recorte de gastos el otro 45% (justo al revés de lo que va a hacer el PP).
Me parece bien el aumento del IBI, la mayor tributación de las plusvalías y la eliminación de las deducciones empresariales, pero no habría recuperado la deducción por compra de vivienda, ni habría subido el IRPF a todos los ciudadanos. Un ajuste alternativo también habría incluido un aumento del IVA de al menos dos puntos para llevarlo a la media europea, y habría incluido mecanismos para reducir la polución como tasas por emisiones de CO2 o la Euroviñeta (con una capacidad recaudatoria de 2.700 millones), que habrían podido sustituir perfectamente a la bochornosa amnistía fiscal. Además, se podrían haber incluido pequeñas tasas sobre la especulación financiera y un impuesto para las grandes fortunas.
En el recorte de gastos, habría sido mucho mejor poner más dinero en políticas activas de empleo, incrementar la I+D, los gastos en educación y los fondos para los nuevos sectores productivos, aunque eso hubiera requerido recortes adicionales en defensa, subsidios e incluso pensiones. El ajuste habría sido más justo y más eficiente, y además habría estado más orientado hacia el cambio de modelo productivo que España necesita a toda prisa.
Carlos Mulas. Profesor de economía de la UCM y director de la Fundación Ideas
