Aguirre aprueba un ajuste preventivo ante un posible desvío en los ingresos

La presidenta de la Comunidad de Madrid no está dispuesta a que se repitan las críticas y chanzas que sufrió -tanto de su partido como de la oposición- después de que se conociera que el déficit madrileño en 2011 fue del 2,2% y no del 1,3% anunciado en febrero.

Así, el Consejo de Gobierno aprobó ayer un ajuste adicional de 390 millones al contemplado en el plan económico-financiero que presentó el mes pasado. En ese documento, que recibió el aval de Hacienda, ya aparecía un ajuste de 650 millones que, en principio, debería ser suficiente para rebajar el déficit al 1,5% que exige el Gobierno. Sin embargo, ante la posibilidad de que se repita lo sucedido el año anterior y que los ingresos caigan más de lo previsto, el Ejecutivo madrileño rebajará un 3,3% el sueldo de todos los funcionarios madrileños, una medida que ya han adoptado otras comunidades como Cataluña, Castilla-La Mancha o Andalucía. Además, el sueldo de los altos cargos se reducirá un 10%. La presidente la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, rechazó decir a cuánto ascenderá su sueldo tras el recorte y se limitó a recordar que su nómina se ha reducido un 24% desde 2008. En cualquier caso, el salario de la presidenta equivale al de un secretario de Estado, que, según los Presupuestos de 2012 suma unos 70.000 euros anuales.

Los interinos que no trabajan en el campo sanitario o educativo verán reducida su nómina y su jornada laboral en un 10% a partir de julio, mes en el que está previsto que se apruebe el paquete de medidas que se tramitará por la vía de urgencia. Además, los viceconsejeros perderán los 1.000 euros de asignación que reciben por compatibilizar su trabajo en el Gobierno con el de diputados en el Parlamento regional.

La rebaja salarial se mantendrá durante el siguiente ejercicio y Aguirre señaló que ello será así incluso si el Gobierno central adopta una medida similar.

Aguirre aseguró que la rebaja de gastos de personal servirá para evitar despidos. También, se suprimirán para este año los 3,9 millones que estaba previsto que recibieran de subvenciones los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales. Y el capítulo de inversiones se recortará en 30,3 millones.

Respecto a los ingresos, el Gobierno de Madrid tiene muy claro que el objetivo es que la financiación de los servicios públicos sea asumida en mayor medida por los usuarios. Lo que supone reducir la aportación de la Administración a través de los ingresos impositivos. La Consejería de Hacienda elevará 74 tasas y precios públicos. Por ejemplo, los usuarios que pierdan su tarjeta sanitaria deberán pagar 10 euros para obtener otra. Cualquier tasa susceptible de aumentar, lo hará. Subirán las guarderías, los centros de día y se reducirán las subvenciones en los comedores escolares. Las cifras todavía no están definidas y habrá que esperar al trámite parlamentario para conocer el detalle.

Siguiendo la misma filosofía, Aguirre confirmó que el Gobierno madrileño cobrará peajes en las vías ahora gratuitas de su competencia. Y sacará a concurso la concesión este mismo año. La empresa ganadora se ocupará de instalar y gestionar el mecanismo de cobro. Aún no está decidido qué porcentaje de los ingresos se quedará la empresa concesionaria ni las tarifas ni las carreteras afectadas. Todo apunta a que la M-45, una de las más transitadas, pasará a ser de pago. Aguirre señaló que los sistemas de pago no se instalarán en aquellas vías donde no existan rutas alternativas. La idea es que los peajes estén listos a partir del próximo año y aporten unos 30 millones adicionales.

Entre las políticas de ajuste, Madrid rechaza aplicar el impuesto sobre el patrimonio, una medida que le reportaría algo más de 300 millones de euros, una cifra superior al ahorro derivado de la rebaja de sueldos. La Consejería de Hacienda entiende que recurrir a este tributo que grava las rentas superiores a 700.000 euros resultaría contraproducente. Además, confía en que las medidas aprobadas sean suficientes para cumplir de forma holgada el objetivo de cerrar el año en el 1,5% del PIB o para contrarrestar una posible caída de ingresos.

"Valencia debe ser intervenida"

De hecho, un informe de Fedea presentado ayer indica que las comunidades han pecado nuevamente de optimistas en su previsión de ingresos, lo que provocará que cierren el año con un déficit del 2,2% frente al 1,5% exigido por Hacienda. La opinión de Fedea es compartida por la mayoría de analistas, que consideran que las comunidades son el eslabón débil para cumplir el objetivo de estabilidad pactado con Bruselas.

El experto de Fedea, Juan Rubio, fue un paso más allá y aseguró que la Comunidad Valenciana debería ser intervenida. Los Gobiernos autonómicos esperan que hoy el Consejo de Ministros apruebe los hispabonos o un mecanismo alternativo que permita el acceso de las comunidades a los mercados de financiación y abarate los tipos de interés que exigen los inversores y la banca.