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Lo que se presumía como una reunión entre presidentes autonómicos que serviría como base para articular una política nacional en materia de política hidráulica, puede servir para lo contrario, reabrir viejas heridas que ya se consideraban cerradas.

Un buen ejemplo se dio ayer entre los portavoces del Partido Popular de Aragón y Murcia. Mientras que el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias, alcanzaba un acuerdo con los cinco portavoces parlamentarios (incluido el PP) para consensuar un rechazo unánime a cualquier trasvase desde el Ebro, el consejero de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, acusaba a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, de mentir a los ciudadanos sobre el coste del agua desalada y de no tener intención de resolver el problema de la escasez del agua en la región.

Cerdá acusó a Narbona, quién defendió el lunes las inversiones estatales en desaladoras como la solución a los problemas del agua en las cuencas mediterráneas, de mentir al decir que el agua de las desaladoras es más barata que la que vendría del trasvase del Ebro y que las obras para desalar agua estarán listas para final de legislatura, mientras que las del Plan Hidrológico no estarían disponibles hasta 2020. 'Las obras del Plan Hidrológico habrían estado listas en 2009 y el agua procedente del trasvase habría costado sin subvención 0,32 céntimos de euro por metro cúbico mientras que el coste de la desalación es de 0,5 céntimos, a lo que hay que sumar el coste energético y las infraestructuras para trasladar el agua', señaló.

El consejero de Agua de Murcia fue especialmente crítico con el rechazo de Medio Ambiente a aprobar trasvases de agua para los regadíos de las cuencas mediterráneas. 'Ni Murcia ni la Comunidad Valenciana nos hemos beneficiado de trasvases de cuencas excedentarias. Con el trasvase de 12 hectómetros cúbicos aprobados a finales de año para abastecimiento humano, Medio Ambiente denegó durante el pasado año cinco trasvases para el riego agrícola en Murcia'.