La Administración pagará antes a las empresas que acepten una quita

El Consejo de Minisistro ha dado luz verde a un decreto para poner en marcha una compleja operación financiera que permita pagar las deudas que ayuntamientos y comunidades mantienen con sus proveedores. El decreto que aprobó el Ejecutivo contempla que las empresas que estén dispuestas a reducir el importe de las facturas tengan prioridad de cobro. Ello supone una suerte de quita. Es decir, si una compañía tiene una factura pendiente de un ayuntamiento de 2.000 euros, tendrá prioridad sobre otros proveedores si acepta cobrar sólo la mitad. En cualquier caso, fuentes del Gobierno aseguran que la deuda pendiente también se abonará.

Además, la portavoz y vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha anunciado una agenda que las Corporaciones locales deberán presentar al ministerio de Hacienda. Primero tendrán que enviar las facturas con las deudas a proveedores antes del 15 de marzo; y antes del 31 de marzo, un plan de viabilidad para explicar cómo van a pagar los préstamos.

Si bien la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez Santamaría, omit.as Con este calendario, el Gobierno pretende "poner orden" en las deudas que las corporaciones locales tiene con los proveedores. Así lo ha anunciado Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde no ha querido dar estimación alguna sobre el monto total al que ascendería la deuda de los ayuntamientos ni de dónde saldrán los prestamos que necesitan.

El Gobierno esperará a conocer la información definitiva que las corporaciones deben enviar antes del 15 de marzo al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero en todo caso, exige a las ayuntamientos que preparen un plan, primero de ajuste, para optimizar todos los recursos de los que disponen; y después de viabilidad, en el que deberá detallarse los mecanismos para devolver los préstamos que las corporaciones necesitarán para pagar sus deudas.

El Gobierno prepara un procedimiento para liquidar la deuda de las administraciones públicas con los proveedores, sobre el que está trabajado la comisión delegada de asuntos económicos en el Parlamento. Según anunció el pasado martes en el Senado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, este mecanismo permitirá a las administraciones afrontar el pago de sus deudas "en las próximas semanas".

Fuentes del sector apuntan que el plan podría articularse a través de un consorcio entre la banca y el ICO, que pedirían préstamos al mercado mayorista y, con ese dinero, abonarían las facturas impagadas a los proveedores de la Administración. Santamaría ha detallado que la intervención del ICO en este mecanismo se abordará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Este nuevo plan que diseña el Gobierno para facilitar que comunidades y ayuntamientos paguen a sus proveedores no contempla el abono de los intereses de demora. El sector privado calcula que el conjunto de la Administración debería abonar más de 3.000 millones derivados de los intereses generados por el retraso en los pagos que, en algunos casos, superan los dos años.