El Gobierno suprimirá 10.600 empleos en la Administración General del Estado hasta 2013, para ahorrar 250 millones de euros en tres años. El Consejo de Ministros aprobó el viernes la reducción del número máximo de vacantes del 8% al 5% a través de la amortización o supresión de estas plazas, que evitará "desviaciones al alza" en los salarios de los empleados públicos. Así lo aseguró la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega tras anunciar también la creación del Observatorio del Empleo Público que servirá para analizar la situación del empleo en las administraciones, su estructura y servicios. El nuevo Observatorio "no acarreará costes adicionales" a las arcas públicas y será un foro de intercambio de información para hacer "más eficiente" la AGE.

La reducción del máximo de vacantes afectará a departamentos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración del Estado, Seguridad Social, agencias estatales y entidades públicas empresariales. No afectará a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Administración de Justicia y centros penitenciarios, y el Servicio Público de Empleo Estatal y los controladores aéreos. El plan de recorte en el gasto se está notando también en la inversión. Las Administraciones sacaron a concurso entre enero y mayo obras por 12.303 millones de euros, el 31,7% menos que hace un año, según denuncia la patronal de las grandes constructoras Seopan.

El Consejo de Ministros aprobó también la Estrategia Estatal de Innovación por la que destinará 6.720 millones de euros en 2010 al impulso de una economía más innovadora y competitiva. Se prevé alcanzar en el 2015 una inversión anual en I+D privada superior a la del 2009 en 6.000 millones de euros, duplicar en ese periodo el número de empresas que hacen innovación, incorporando a 40.000 firmas, y aumentar en medio millón el número de empleos de media y alta tecnología.