La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) presentó ayer la propuesta que planteará al Gobierno para poner freno a los desahucios de las familias que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. La iniciativa propone establecer una moratoria de tres años, cuyo coste para el Estado y el sector financiero ascendería a 1.000 millones de euros.
Los datos presentados ayer por Adicae son demoledores: "400.000 embargos están en marcha, y para el próximo año, el Consejo General del Poder Judicial no espera menos", afirmó su presidente, Manuel Pardos. La situación también es límite para un millón de familias, que están al borde del impago, según Adicae.
La propuesta, que podría articularse en forma de decreto ley, solicita una moratoria de tres años para las familias que no puedan pagar sus cuotas hipotecarias a causa de un empeoramiento de su situación económica. Solo podrán beneficiarse de esta medida aquellos deudores cuyo préstamo no supere los 200.000 euros, ampliable hasta los 300.000 para las casas situadas en las ciudades con precios inmobiliarios más elevados. El plazo máximo de esta moratoria sería de tres años, prorrogables otros dos más, con los que Adicae pretende ganar tiempo "para ver si la situación económica del hogar mejora o para que se aprueben cambios en la legislación que acaben con esta injusticia".
La asociación pretende conseguir una fórmula que reparta los perjuicios provocados por los desahucios, por lo que propone que sea el Estado, bien a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), o bien a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), quien sufrague el pago de la cuota correspondiente a los intereses a las entidades financieras. Para ello, serán necesarios entre 800 y 1.000 millones de euros como máximo, "aunque es un poco aventurada esta cifra", reconoció Pardos.
También plantea Adicae que el Estado compre las casas que sigan sin poder pagarse transcurrida la moratoria y se alquilen a las familias por una renta social.
