Los abogados están totalmente en contra del anteproyecto de ley, incluido en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2012, que revisará el marco de tasas judiciales vigente desde 2002. El alza afecta a todas las tasas actuales, las extiende a la segunda instancia en el orden social y estipula la obligación de abonarlas por parte de las personas físicas, y no solo las empresas, como sucede ahora. La subida oscila entre los 50 y los 750 euros.
El presidente del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Carlos Carnicer, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para trasladarle su "enérgico" rechazo al texto porque los abogados no han sido consultados previamente y por la justificación del Gobierno. Carnicer sostiene que justificar la implantación de tasas por la necesidad de financiar la justicia gratuita supone "enfrentar a a los ciudadanos con la abogacía de forma injusta".
"Nos parece bien que se busquen fórmulas para evitar acudir a los tribunales y aumentar las vías de solución extrajudicial de conflictos, pero no a base de poner trabas de carácter económico", añade Carnicer. Justicia considera que los ciudadanos han de pagar ya su abogado y su procurador y este hecho no es visto como una barrera de acceso al sistema. Este razonamiento ha generado gran malestar en el CGAE.
"En un momento como el actual, de enorme dificultad para todos y de forma especial para los profesionales liberales, que dependemos de nuestros clientes, no resulta justo ni tolerable argumentar que pagar esas tasas no tiene importancia a la vista de lo que cobran los abogados", recuerda Carnicer en su misiva al ministro. El anteproyecto revisa el marco de tasas vigente desde 2002 y pretende reducir el número de asuntos que entran en los tribunales cada año, en torno a nueve millones.
Importes
El Gobierno pretende recaudar 315 millones con las tasas judiciales, frente a los 172 millones de 2010. Las que más suben son las de la jurisdicción social (segunda instancia), que pasan de 0 a 500 euros para los recursos de súplica y de 0 a 750 euros en casación.
Comentarios
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1 ciudadana - 08-04-2012 -18:48:47h
Un Estado que dicta normas que pretenden obligar a todos los ciudadanos está obligado a poner los medios necesarios para hacerlas cumplir sin coste para los ciudadanos cumplidores. Dicen que se incluirán en las costas del que pierda, pero eso es una falacia: hay muchos "perdedores" de juicios insolventes, de los que nunca se podrá recuperar siquiera la tasa que se haya pagado. Para agilizar la Justicia hace falta el doble de jueces, no poner trabas y obstáculos para que los ciudadanos accedan a ella. Ahora resulta que aquél al que deban 150 euros, para reclamarlos, tendrá que ingresar primero al Estado esos 150 euros... con lo que de hecho no los reclamará y a los que se favorecerá será a los sinvergüenzas que no cumplen la ley y se ríen de los ciudadanos honrados y que sí la cumplen.
