Los abogados españoles no entienden cómo el Gobierno español ha apoyado la directiva europea de retorno, que establece un periodo de retención de hasta año y medio de los inmigrantes irregulares. 'Esta es la directiva de la vergüenza', aseguró el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer. 'Retener a una persona durante 18 meses es una barbaridad. La libertad se tiene o no se tiene, se priva de ella o no se priva', aseguró.

Carnicer aseguró que el apoyo del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la norma, 'no está en la línea jurídica de este país. No entiendo cómo España ha podido votar esa directiva'.

Actualmente cada país establece plazos de retención diferentes. Países como Reino Unido no tiene límite de internamiento de los irregulares, Alemania lo sitúa en 18 meses y Francia en 32 días. Con la directiva, que el 18 de julio tiene que refrendar o modificar el Parlamento europeo, el máximo se fija en 18 meses.

En España el plazo es de 40 días, aunque el Gobierno pretende ampliarlo, aunque todavía no ha comunicado por cuanto tiempo. Para los abogados el periodo de retención deberá cumplir el principio de proporcionalidad y dignidad que el Tribunal Constitucional avaló en una sentencia de 1987.

Además, Carnicer denunció que los centros de internamiento 'se parecen cada vez más a las cárceles que a otras cosas'. El presidente de la abogacía hacía estas declaraciones tras firmar con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) un acuerdo para la formación de expertos jurídicos.

Manuel Pombo, director general de la OIM, aseguraba que no existe dinero suficiente para la repatriación forzosa de todos los irregulares, ya que, según él, cada expulsión costaría entre 6.000 y 10.000 euros. Para Pombo, la lucha contra la inmigración ilegal sería más eficaz si la Inspección de Trabajo fuera más severa con los empresarios que contratan ilegales.

BOLIVIA AMENAZA

El presidente boliviano, Evo Morales, advirtió ayer a Bruselas que si se aprueba la directiva de no retorno acabarán las negociaciones para la creación de un área de libre comercio entre la Unión Europea y la comunidad andina.